Satisfechos por la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que anula un artículo y un anexo del decreto de 2009 relativo a la asignatura de religión en Bachillerato, los obispos de Bilbo, Gasteiz y Donostia, así como el colectivo Kristau Eskola, solicitaron al Departamento de Educación de Lakua que restablezca «sin demora, sin discriminación y con el rango académico que le corresponde» la citada asignatura.

En un comunicado conjunto, los prelados y la patronal de centros de titularidad religiosa valoran que la resolución del Supremo «vuelve a dar amparo al derecho constitucional de los padres para que sus hijos puedan recibir en el sistema educativo la educación religiosa y moral que sea conforme a sus principios y convicciones».

No obstante, lamentan que el hecho de que hayan transcurrido tres años y medio desde la entrada en vigor del decreto ha provocado que la asignatura de religión «haya dejado de cursarse en la gran mayoría de los centros públicos o que haya quedado reducida a una situación agónica en otros». Por ello, consideran que «por la vía de los hechos consumados se ha impuesto una discriminación contra la educación religiosa que, ahora se demuestra, era contraria a derecho».

Solicitan a Lakua que realice «sin demora, las gestiones necesarias para restablecer el orden legal correspondiente a la asignatura», lo que comprende la oferta de la asignatura de religión y de otra alternativa «que sea equiparable y evaluable, y que no debe entrar en el contenido curricular de otras materias» para que, de ese modo, los alumnos puedan tener libre elección.

Acatan la sentencia

El Departamento de Educación de Lakua ha manifestado, por su parte, que acata la sentencia y ha anunciado que encontrará un modo comunicar la nueva situación a los centros educativos antes del comienzo del curso puesto que la circular habitual está ya remitida.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo revoca otra anterior del TSJPV que fue recurrida por los obispados y Kristau Eskola, y se sustenta, entre otros, en el acuerdo de 1979 entre el Vaticano y el Estado español.