La Organización Médica Colegial (OMC) mantiene que sus profesionales tienen derecho a acogerse a la objeción de conciencia para atender a los inmigrantes en situación irregular, a pesar de que los servicios jurídicos del Consejo de Enfermería sostienen que puede suponer una «desobediencia o insumisión» y, por lo tanto, constituir una infracción sancionable, en tanto que el Ministerio español de Sanidad advierte a los facultativos, en este caso pero no cuando la objeción se refiere al aborto o a la eutanasia, de que su postura es «ilegal».

En solo un mes, 1.035 médicos se han declarado objetores frente a la reforma sanitaria que impulsa el Gobierno español y que a partir del 1 de setiembre dejará sin tarjeta sanitaria y, por lo tanto, sin atención, a los extranjeros «sin papeles». El Ejecutivo de Mariano Rajoy plantea que solo se atiendan las enfermedades graves y los partos. En el caso de los pacientes crónicos, propone tratarlos y remitiendo los gastos a sus países de origen.

Los facultativos creen que esa norma que dejará sin atención a más de 150.000 personas, según sus estimaciones, contraviene su código deontológico y supone un «conflicto ético» entre su deber con el sistema de salud que les emplea y su deber con los pacientes. Por eso, cada día son más los que optan por anteponer a sus pacientes deciden seguir asistiendo a los «sin papeles», aunque son conscientes de que es algo complicado al ser personas que no figuran en la base de datos. Confían en poder solventar los obstáculos que plantea su objeción al tiempo que creen importante denunciar cada caso de desatención.

Sin embargo, el Consejo de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la «inviabilidad» jurídica de la objeción de conciencia. Les ha recordado que tratar a «sin papeles» puede ser considerado «desobediencia civil o insumisión» con todas las consecuencias judiciales y laborales que conlleva, por lo que asegura que «están obligados» a cumplir la normativa.

Ante esta advertencia, los enfermeros se están planteando atender a los inmigrantes en situación irregular en consultas que se realizarían en las sedes de sus colegios profesionales, de forma altruista y fuera de su jornada laboral. Por contra, los médicos mantienen su defensa del derecho a la objeción de conciencia y la OMC recuerda que este derecho está recogido en su Código Deontológico, al que se acogen los galenos en otras situaciones como el aborto o la eutanasia, y considera que no puede considerarse una insumisión que conlleve castigo administrativo.