El caso de Iosu Uribetxeberria se ha convertido en el principal foco informativo del país ante la demora de las instituciones españolas en decidir sobre la demanda de excarcelación por su enfermedad terminal. Mientras en las cárceles se extienden los ayunos, en la calle se ha iniciado una huelga de hambre ante el Hospital Donostia, donde el preso también ayuna en una iniciativa de grave riesgo por el cáncer terminal que padece. Ade- más, los contactos políticos se suceden de modo público y privado en busca de una solución.

A nivel institucional también hubo movimientos. Tras reunirse a la mañana con Etxerat y recibir información de primera mano, el diputado general de Gipuzkoa solicitó una visita personal con Uribetxeberria por vía urgente. Martin Garitano pudo entrar en su habitación a las 17.30 y permaneció allí durante 40 minutos.

A su salida, Garitano reclamó una solución para este caso «por el bien del preso y de la sociedad vasca», ya que recordó que «la inmensa mayoría» apoya que Uribetxeberria pueda pasar en casa sus últimos días.

Explicó que encontró en la habitación a una persona que «afronta con total humanidad una enfermedad gravísima. Está en manos de los médicos». Confirmó que está haciendo huelga de hambre -ayer fue el tercer día- pero toma la medicación para el cáncer.

A partir de ahí, el diputado general de Bildu hizo hincapié en que la puesta en libertad inmediata «es inexcusable» por una razón de «aplicación estricta de la legalidad», que establece que los presos con enfermedades graves e incurables deben estar en su casa, «ni más ni menos». Y, en una lectura más general, reiteró que la mayoría social vasca lo que exige es «entrar en tiempo de soluciones y no de anclajes en el pasado».

Los periodistas preguntaron qué se habían transmitido mutuamente los dos interlocutores. Garitano reveló que Uribetxeberria había mostrado su preocupación no solo por su caso, sino también por el de todos los presos enfermos. Por su parte, le dio «ánimo para que haga frente a su situación».

Garitano también hizo gestiones en privado con diferentes instituciones para tratar de garantizar que se respeten los derechos básicos del arrasatearra.

El Ararteko también movió ficha tras reunirse con Etxerat, que destacó «positivamente» el resultado de estos dos contactos. En este caso, los familiares le pidieron poner en marcha los recursos necesarios para la inmediata puesta en libertad e Iñigo Lamarca se comprometió a hacer llegar su preocupación a la cárcel de Zaballa, al Defensor del Pueblo español y a la Audiencia Nacional. Etxerat le pidió también que el preso y sus familiares tengan un trato digno en el hospital, que se respete su derecho a la comunicación y que adopte un posicionamiento público sobre el tema, además de sobre el accidente sufrido por familiares del preso Mikel Egibar, por el que hay tres hospitalizados, dos menores.

Alarma en Ipar Euskal Herria

Al norte del Bidasoa, varios electos dieron a conocer ayer su posición respecto al caso en parámetros de clara preocupación. Así la diputada del PS Sylviane Alaux participó en la concentración celebrada ayer tarde en Baiona ante el Consulado español, junto a otras fuerzas políticas como Batasuna, porque «en este tipo de situaciones hay que mantenerse alerta».

Colette Capdevielle, la otra diputada vasca del mismo partido, también secundó la protesta tras recordar que «las personas gravemente enfermas no deben estar presas» y que «los cuidados médicos no son compatibles con la prisión». Hizo alusión a los textos europeos en la materia e incidió en que «la Corte Europea de Derechos Humanos considera ese tratamiento como inhumano y degradante». Anunció, asimismo, su intención de contactar con el diputado del PSE Odón Elorza para abordar el tema.

Por su parte, el teniente alcalde de Baiona y miembro de MoDem Jean-René Etchegaray, que estuvo presente en la Conferencia de Aiete, manifestó que «los dos estados hacen oídos sordos a los elementos esenciales evocados por los expertos internacionales en Aiete». Calificó de «anormal» que se trate de ese modo el caso de Uribetxeberria y lo consideró como una «muy mala señal desde el punto de vista humanitario y político» ya que «los modos van en sentido contrario al proceso de paz». Indicó que va a «reflexionar con Lokarri sobre las futuras movilizaciones» en este tema.

Su compañero de partido el senador Jean-Jacques Lasserre, que también participó en la Conferencia de Aiete, se mostró favorable «a abordar con humanidad» el caso, «porque nos encontramos en una situación particular». Aunque no cree que pueda «comprometer el proceso», Laserre avisa de que «no es un elemento que lo facilite».

Desde el sur del país se escuchan otro tipo de discursos. Así, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, admitió que el preso tiene derecho a estar en casa porque «tiene un cáncer terminal y entra dentro de los supuestos», pero pidió que se deje decidir a los tribunales. Especialmente perjudiciales estima las huelgas en las cárceles: «No creo que esos sean los movimientos que la sociedad vasca espera de los presos de ETA, que vuelvan a utilizar ese victimismo infantil y esa forma de presión que a estas alturas no tiene ningún recorrido. Incluso puede provocar el efecto contrario. Jugar a la presión injustificada en estos momentos no ayuda nada a que se pueda gestionar con tranquilidad una política penitenciaria más flexible», añadió en declaraciones a Efe.

Se realiza las pruebas

Mientras todo esto se escuchaba fuera, desde dentro del Hospital Donostia trascendió que Uribetxeberria accede a realizarse las pruebas correspondientes a su enfermedad: el TAC y la punción pulmonar. El día anterior se había informado de que únicamente estaba tomando la medicación, pero que declinaba estas revisiones. En respuesta, la Dirección de Instituciones Penitenciarias emitió a última hora del jueves un comunicado en el que tildaba esta actitud de «falta de colaboración».

Los mensajes del Gobierno español buscan hacer hincapié en que el caso se está estudiando. Ayer mismo, Instituciones Penitenciarias emitió un segundo comunicado en poco más de doce horas para admitir que Uribetxeberria ya se realiza las pruebas y apostillar que «una vez realizadas las mismas, la Administración Penitenciaria las valorará para adoptar las resoluciones que en aplicación de la legislación vigente procedan».

Ya por la noche, en una visita a la localidad navarra de Fitero para presentar un libro, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, se refirió al caso en estos términos: «Se va a cumplir la ley, y eso va a ser independiente de que unos presos de ETA se pongan en huelga de hambre. Están muy equivocados si piensan que van a influir. Su puesta en libertad condicional, o no, dependerá de las condiciones que determina la ley».

En esta línea de intentar aparentar normalidad, Osakidetza difundió ayer un «parte médico» de Uribetxeberria emitido por el Hospital Donostia, pero que en realidad son cuatro escuetas líneas en las que se limita a indicar que el preso «está estable a la espera de la realización y resultados posteriores de las pruebas diagnósticas necesarias para evaluar su situación de enfermedad». Se avanza que el lunes habrá otro parte médico.

Viendo todo esto, pudiera entenderse que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria solo necesita tiempo. Sin embargo, la defensa de Uribetxeberria no entiende por qué no se decide ya, cuando casi con toda seguridad tiene sobre su mesa hace días la información médica necesaria y la gravedad del estado del preso resulta evidente.

Huelgas de hambre

A toda esta movilización en el terreno institucional y en el judicial se le suma la social, a través de las huelgas de hambre de las que se dio cuenta el jueves y que van creciendo.

Según la lista facilitada por Etxerat ayer tarde, hay noticias de diferentes formas de lucha desde 21 prisiones. En algunas están ya en huelga de hambre indefinida o se anuncian a partir de mañana, en otras se rechaza la comida de la cárcel, se realizan encierros... Las protestas se extienden a Fresnes (hombres y mujeres), Fleury, Joux-la-Ville, Nanterre, Il de Rée, Arles, Moulins, Liancourt, Saint Maur, Rennes, Castelló II, Córdoba, Sevilla II, Picassent, Granada, Algeciras, Herrera de la Mancha, Murcia, Villena, Navalcarnero y Clairvaux.

En Donostia, la entrada al hospital se ha convertido en un hervidero solidario en favor de Uribetxeberria. Bajo un calor sofocante, cinco personas iniciaron ayer una huelga de hambre indefinida en la que no les faltó apoyo, sobre todo al mediodía, cuando allí se dieron cita más de un centenar de personas de diferentes movimientos sociales. Jon Garai, miembro de Herrira y uno de los huelguistas, hizo hincapié en que «no pedimos la luna», sino el cumplimiento de derechos humanos y de la propia ley española.

La protesta se extenderá a pueblos y barrios, donde llueven convocatorias de asambleas para definir iniciativas.

Lokarri también exige la libertad condicional para el preso.