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Cementerio nuclear en Villar de Cañas

«Bienvenido mister plutonio»

«¿Quién compraría una casa junto a un cementerio nuclear?» es la pregunta de los opositores de Villar de Cañas, municipio de Cuenca que acogerá esta infraestructura. El alcalde, del PP, se aferra al «progreso».

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Alberto PRADILLA

Bienvenidos a Villar de Cañas. Gracias, ministro y presidenta», reza una descolorida pancarta que atraviesa una de las callejuelas principales de este pequeño municipio conquense. En el muro contiguo, a escasos metros, un eslogan en rima asonante decicado a María Dolores de Cospedal, presidenta de la comunidad y secretaria general del PP. «Estando tú en el Gobierno, se acabó la mala racha. Pues ahora está en buenas manos, toda Castilla La Mancha». La imagen no es en blanco y negro. Ni se trata de un fotograma descartado de Villar del Río, el pueblo español que dibujó Luis García Berlanga en su film «Bienvenido Mister Marshall». Los restos de tela tampoco recuerdan el recibimiento a ningún delegado norteamericano, sino a la mano derecha del presidente español, Mariano Rajoy, y el ministro de Industria, José Manuel Soria. Esto también es Villar. Pero no del Río, sino de Cañas, más apropiado al secano del terreno. Al igual que ocurría en la cinta de Berlanga con los emisarios de Washington, las autoridades municipales también dicen de los ilustres forasteros que llegaban con beneficios bajo el brazo. Aunque, en vez de un plan econonómico, el maná de la riqueza tiene forma de plutonio almacenado. Aquí se ubicará el primer cementerio nuclear del Estado español. El alcalde, José María Sáiz (PP), enarbola el proyecto como «salvación» para un pueblo que ha pasado de 2.000 habitanes a poco más de 400 en apenas tres décadas. Sus opositores, liderados por Olga Bravo, concejala del PSOE, y María Andrés, portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, responden con una única pregunta: «¿Quién va a instalarse junto a una infraestructura como esta?» El miedo a las consecuencias sanitarias y medioambientales se expresa en voz baja en el municipio y se amplifica en los alrededores. Por contra, en los centros de mando del Consistorio ondea la bandera del desarrollismo, al tiempo que se descalifica a quien rechaza el proyecto y se presenta la basura atómica como «una lotería». Los más de seis millones de euros anuales que llegarán a la comarca y los hipotéticos puestos de trabajo constituyen el principal argumento frente a las referencias a Chernóbil o Fukushima.

«No tengo ningún miedo. No haría nada en perjuicio del pueblo. La ignorancia es maldad y cobardía», argumenta José María Saiz, alcalde por quinta legislatura consecutiva. Recibe en mono de trabajo, ya que también se dedica a la fabricación de aperos de labranza. En su despacho, con Borbón y crucifijo como mandan los cánones, desgrana el proceso seguido para convertir Villar de Cañas en el primer cementerio nuclear. Aunque este término es un tabú para sus defensores. Como los muertos dan mal fario, la instalación se denomina oficialmente «almacén temporal centralizado». Si no se nombra, quizás se pueda obviar que lo que se guarda es basura radioactiva.

Los cuentos de la lechera atómica

La gran promesa inmediata son los cerca de 500 empleos que se crearán durante el período, de entre 5 y 7 años, que dure la construcción de las tres naves. Una, para almacenar. Otra, un centro tecnológico. La tercera, para las empresas del ramo. Aquí, la segunda esperanza. «Los «batas-blancas» serán 30 o 40. Pero se necesitan jardineros, vigilantes... Además, vendrá mucha gente a investigar, por lo que podremos hacer un hotel de cinco estrellas, un restaurante...»

Las cuentas de la lechera del primer edil no terminan aquí. En un cántaro, las citadas previsiones laborales. Cifras mastodónticas para un municipio en el que las seis personas menores de 35 son enumeradas por su nombre en La Mezquita, uno de sus tres bares. Todas tienen trabajo. En la otra tinaja del futuro perfecto, el alcalde guarda los proyectos que se pondrán en marcha con el dinero de Enresa, la empresa pública encargada de gestionar la central nuclear. «Lo primero, una buena residencia». Gran argumento en un pueblo donde «la mayoría de sus habitantes supera los 80 años».

Frente al argumentario oficial, el discurso disidente, con dificultades para hacerse oir con la misma fuerza que las charlas oficiales de los técnicos de Enresa. «Traemos un material que no se sabe qué hacer con él y que dura cientos de miles de años. Hay que pensar si esto es lo que queremos para nuestros hijos», dice María Andrés, portavoz de la coordinadora. Ella no reside en Villar de Cañas, sino en Villares del Sanz, a diez kilómetros. La principal cara visible de la oposición al cementerio nuclear enumera los riesgos ecológicos, las consecuencias sanitarias y advierte sobre el «sistema caciquil» que impone la lluvia de millones. Frente a la teoría de que la nueva infraestructura revitalizará la zona, Andrés certifica que «el único beneficio serán los puestos de trabajo temporales que lleguen ahora», argumentando que las estadísiticas dicen que «en todos los pueblos donde se han instalado nucleares disminuye la población».

Presiones a los partidarios del «no»

El proceso, de cerca de dos años, que lleva desde la presentación de la candidatura hasta que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado 30 de diciembre ha terminado convirtiendo el debate en algo más parecido a «La Casa de Bernarda Alba» que a una discusión sobre energía. Todos coinciden es en señalar a Carmen Barcos, la secretaria municipal, como ideóloga del proyecto. Luego, se puede escuchar de todo. El dogma de fe en Villar de Cañas dice que «el 90% está a favor del proyecto». Pero después se susurran tejemanejes con los terrenos, presiones a quienes tomaron parte en alguna manifestación o recogida de firmas por decreto en comidas para jubilados. «Aquí cada uno puede decir lo que quiera; para eso estamos en democracia», es otro de los mantras que repiten los vecinos. Especialemente, los de la parte del alcalde.

Lo que sí se sabe es que los terrenos ya están en manos de Enresa. La semana pasada se firmaron los contratos con los 14 propietarios a quienes la empresa pública pagará 10.400 euros por cada una de las 54 hectáreas ubicadas a unos dos kilómetros del casco urbano. «Se los llevaron a todos en un autobús al notario en Madrid», cuenta un vecino. A pocos les gusta dar su nombre. El alcalde lo confirma y se lamenta de no haber tenido tierras en la zona, asegurando que se han pagado muy por encima de su valor. Un «boom» de la recalificación en el país donde la burbuja inmobiliaria ha reventado en las manos de muchos ayuntamientos.

Hasta que la basura radioactiva llegue a Villar de Cañas queda un largo camino. Y aunque la batalla se libra en el municipio, Andrés advierte que «no es un problema local» ya que «se está ocultando el principal debate energético y sobre la energía nuclear». En el fondo, lo que se garantiza es una prórroga atómica de 60 años. Y a ver quién mueve entonces el plutonio.

Claro, que también hay vecinos que asienten con la cabeza, asumiendo que preferirían «una fábrica de galletas» mientras piensan que, total, ellos ya estarán muertos en caso de catástrofe.

Tres recursos y movilizaciones intetan paralizar el proyecto antes de que las máquinas estén en marcha

La decisión del Consejo de Ministros de dar la concesión del cementerio nuclear a Villar de Cañas está ya en Juzgado Contencioso-Administrativo. Por una parte, Greenpeace, por otra, Ecologistas en Acción, y un tercer recurso de un consorcio de cinco municipios cercanos tratan de paralizar el proyecto antes de que este comience a ver la luz. «Por la vía legal, por el momento, no hay más pasos», explica María Andrés, portavoz de la coordinadora. También Willy Meyer, eurodiputado por IU, se ha interesado por las visicitudes legales. Además, cuando el proyecto se haga público, llegará el turno de las alegaciones. Mientras, los antinucleares se organizan y desarrollan diversas movilizaciones. La próxima, previsiblemente el próximo 20 de octubre, en Cuenca. Todo un arsenal de iniciativas para frenar el proyecto que no preocupan lo más mínimo al alcalde, José María Saiz, que habla del proceso legal como de un molesto trámite. «Se va a hacer. Digan lo que digan», afirma. A.P.

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