La posibilidad de que la maltrecha economía española pudiera necesitar de un segundo rescate ya se mencionó a solo tres días del anuncio de rescate financiero, hace ahora dos meses, cuando «The Guardian» advertía de que «el país no puede darse el lujo de financiarse a tasas de interés del 6,5% a diez años» y afirmaba que «mientras persistan estas tasas, la trama se encamina hacia un plan de rescate más grande».

En dos meses, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, y el interés del bono español a diez años sigue rondando el 7% -el viernes cerró al 6,90% tras llegar al 7,62% el 24 de julio-, con lo que los problemas de liquidez se agudizan. Es decir, al Estado le resulta cada vez más difícil acceder a los recursos necesarios para amortizar la deuda vencida y hacer frente a la nueva. Según algunas fuentes, con la prima de riesgo disparada, el Estado tendrá que pagar 8.000 millones de euros más por intereses de la deuda el año que viene con relación a los que ha pagado este.

Detrás de todo esto se encuentra la ausencia de crecimiento de la economía española, que no genera recursos, tal y como lo está reflejando la progresiva caída de la recaudación. Como consecuencia de ello, el déficit público seguirá creciendo, de tal forma que el Estado español parece haberse resignado a solicitar nuevamente ayuda europea para salir de esta situación.

El plan que se baraja es que el Banco Central Europeo (BCE) acuda a comprar deuda soberana española bajo el control de la Comisión Europea. El presidente del BCE, Mario Draghi, no descartaba en sus últimas declaraciones la posibilidad de comprar deuda pública de los estados con problemas de financiación, aunque matizaba que les corresponde a ellos pedir ayuda al fondo de rescate.

Aunque esta condición implique un reconocimiento obvio de debilidad y de dificultad máxima de financiación, los inversores ven en ello una solución a la crisis o, al menos, una fórmula concreta con la que garantizar que el Estado español o Italia, los países ahora mismo con mayores problemas, cuentan con mecanismos de apoyo para responder por su deuda ante los acreedores.

Según las explicaciones aportadas por Draghi, las compras de bonos se concentrarían en los plazos más cortos, lo que puede considerarse un aviso a estos gobiernos para que no descuiden los objetivos fiscales y no se relajen en sus compromisos de deuda a largo plazo.

Este mismo fin de semana, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, respaldaba que el BCE compre deuda italiana y española con el objetivo de aplacar los embates de los mercados.

Rajoy no da pistas

De momento, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, no ha dado muchas pistas y se ha limitado a señalar que esperará a conocer los detalles de las nuevas medidas de política monetaria del Banco Central Europeo antes de decidir si acude o no al fondo de rescate europeo.

Y es que el jefe del Ejecutivo español quiere evitar a toda costa la alarma social que generó la petición de rescate de la banca, por lo que centrará todos sus esfuerzos en convencer a los ciudadanos de que se tratará de una ayuda con condiciones beneficiosas y sin más exigencias en cuanto a ajustes. Es decir, un rescate parcial y blando, aunque fuera del Gobierno nadie duda de que se trata de un rescate «global», por las nuevas condiciones que exigirá y por el grado de intervención en las cuentas públicas, bastante intervenidas ya con el rescate bancario.

El jefe del principal partido de la oposición (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, que considera que la petición de ayuda «puede suponer una condicionalidad terrible», señalaba que él «no pediría ningún rescate» a la UE y emplazó al Gobierno del PP a «pelear» y a «agotar» sus capacidades.

Contrapartidas

La compra de deuda soberana por parte del BCE puede suponer un balón de oxígeno para los próximos dos o tres años, pero ello acarreará nuevos ajustes y recortes sociales durante varios años más, con lo que, desgraciadamente, cobra fuerza la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Líderes políticos de la oposición (PSOE e IU) han llegado a acusar a Rajoy de ocultar información sensible a los ciudadanos.

El presidente del BCE dejaba claro recientemente que acudir a estos mecanismos acarrea estrictas condiciones, es decir, un nuevo pliego de reformas y ajustes, extremo que venía a confirmar el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, al admitir que los ajustes adoptados hasta el momento «son solo el inicio» y que los nuevos tijeretazos «serán muy dolorosos» porque serán «ajustes sobre ajustes».

De hecho, el plan presupuestario para 2013 y 2014 aprobado por el Gobierno español y desvelado el pasado viernes por Rajoy contempla un ajuste de 38.956 millones para 2013 y de 50.075 millones para 2014, lo que, sumado a los 13.118 millones de este año, dan un monto total de 102.149 millones de euros.

Hasta la fecha, los principales recortes aprobados han sido la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo, la supresión de la deducción por vivienda y la eliminación de una paga a los funcionarios, entre otros. Todo parece indicar que los próximos en padecer los nuevos tijeretazos de Rajoy serán los pensionistas, que verán endurecidas las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipadas.

De momento, no hay confirmación oficial sobre las fechas en las que se oficializará este segundo rescate, aunque podría haber novedades a la vuelta de las vacaciones. La Comisión Europea ha desmentido que haya convocada una reunión extraordinaria del Eurogrupo para el día 3 de setiembre, pero fuentes diplomáticas afirman que sí se prepara un encuentro para la primera semana del próximo mes. Sea como fuere, la fecha exacta no se conocerá antes del 20 de agosto.