Si algo sorprende de las políticas anti-crisis -y, especialmente, de las políticas bancarias- desarrolladas en el Estado español durante los últimos años, es la falta de fundamentación técnica de las mismas. En efecto, ninguna de las grandes políticas puestas en marcha han sido objeto de análisis previos de una mínima seriedad que permitieran soportar estas decisiones, que están condicionando radicalmente la evolución de la economía española en su conjunto. Entre estas políticas, básicamente, podemos destacar la renuncia a la imputación a los inversores de las pérdidas del sector bancario, la liquidación del sector de cajas de ahorros, el proceso de consolidación/integración de entidades de crédito o el deliberado retraso en el proceso de reestructuración bancaria.

La primera decisión de estas políticas anti-crisis, la fundamental, consistió en renunciar a la imputación del inevitable redimensionamiento de los balances bancarios a quienes, junto a los accionistas, son sus más lógicos destinatarios: los acreedores del mercado de capitales.

En el reciente informe presentado por escrito ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de Diputados, el exgobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reconocía expresamente que la razón de no haber recurrido a la imputación a los inversores de las pérdidas derivadas del desapalancamiento no era otra sino evitar la «alarma en los mercados».

Esta más que sorprendente «confesión» nos revela, en primer lugar, que existió una decisión consciente de renunciar a esta vía, una decisión que ha sido la base de las políticas anti-crisis en el Estado español: la decisión de no hacer caer el peso del desapalancamiento sobre el mercado de capitales y, consecuentemente, optar por la estrategia contraria: hacerlo recaer sobre gobiernos, empresas y familias.

La pregunta imprescindible es la de por qué entendieron el Banco de España y el Ministerio de Economía que era preferible que estos costes los asumiera la economía real antes de que los «bancos sanos» sufrieran un coste de imagen que, de todas formas, han acabado sufriendo.

El gobierno anterior adoptó también la decisión de hacer desaparecer el sector de cajas de ahorros. Es evidente que este sector presentaba en el Estado español graves dificultades estructurales. Ahora bien, sería interesante saber dónde están los informes que permitieron determinar que las causas de esta situación se relacionaban con la estructura institucional de las cajas de ahorros y no con otras circunstancias coyunturales, como su mayor participación en el mercado familiar y, consecuentemente, en el crédito vivienda. O con las estrategias de ciertas cajas de lanzarse a actuar «como bancos» (en palabras del propio exgobernador) fuera de su territorio natural.

En los medios de comunicación se ha hablado, de forma repetida, de los problemas generados por la presencia en los órganos de las cajas de ahorros de representantes políticos de las instituciones públicas, atribuyéndoles a veces mala gestión y, en ocasiones, comportamientos corruptos. Si esto es así, alguien debería explicar por qué el Banco de España toleró procesos como el de constitución de KutxaBank a partir de las cajas de ahorros vascas, donde el proceso de bancarización no solo no cuestionó la representación política, sino todo lo contrario: se marginó a la representación de trabajadores y usuarios, cediendo la misma a los representantes políticos.

En esta línea, si -como indicaba el propio exgobernador- los problemas de las cajas se habían generado como consecuencia de que las mismas empezaran a actuar «como bancos», hay que preguntarse en base a qué fundamentos se adoptó la decisión de liquidar el sector de cajas de ahorros, en lugar de impulsar su readecuación al territorio de origen y a la vuelta a la banca comercial enraizada en el territorio.

Algo parecido puede decirse del denominado proceso de «consolidación» bancaria, que ha centrado las políticas bancarias de los últimos años, por el que se impulsaron los procesos de fusión o integración de pequeñas y medianas entidades. Sería interesante saber en qué análisis se fundamenta este proceso. Los análisis elaborados a nivel internacional sobre la dimensión bancaria «ideal» son discrepantes entre sí, lo cual es lógico en una cuestión de tal complejidad. Pero en ningún caso parece revelarse de los mismos que en el Estados español existiera un problema estructural por la insuficiente dimensión de sus entidades de crédito. Cuando la preocupación esencial en el conjunto de Occidente radica en los problemas generados a nuestras economías por las entidades de mayor dimensión, ha resultado internacionalmente chocante que en el Estado español se emprenda la dirección contraria, poniendo en cuestión la propia existencia de las entidades pequeñas y medianas.

La decisión de liquidar las entidades de crédito pequeñas y medianas, que ha cuestionado el futuro de tantas entidades de crédito, debería probablemente haberse basado en detenidos y contrastados análisis de los que, probablemente, hayan dispuesto el Banco de España o el Ministerio de Economía. Nos gustaría conocerlos y, por lo menos, si existen, saber por qué no se han hecho públicos.

En síntesis, alguien debería explicar en base a qué análisis se definió el futuro del sector financiero español como un sector en el que desaparecieran las entidades de crédito pequeñas y medianas y las entidades enraizadas en el territorio. En casi todos los Estados occidentales, los pequeños bancos, los bancos comunitarios, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito son las entidades más eficientes y -si prescindimos de la banca especulativa- incluso las más rentables. Sería interesante saber por qué este hecho evidente no se tuvo en cuenta al poner en marcha estas estrategias «liquidacionistas» destinadas a dejar el mercado financiero español en manos de las grandes entidades financieras y la banca extranjera.

La conclusión de toda esta reflexión no es, ciertamente, positiva. En efecto, todo parece indicar que, en las grandes decisiones estratégicas que han sustentado las políticas anti-crisis -y, sobre todo, las políticas bancarias-, no han existido ni el mínimo análisis ni la mínima transparencia exigibles en decisiones de esta trascendencia.

Lo cierto es que, en tales circunstancias, los ciudadanos tienen todo el derecho -y, probablemente, la obligación- de desconfiar y de dar por supuesto que, a falta de los necesarios análisis y procesos de reflexión y contraste, son la mera intuición, la improvisación -o, peor aún, los intereses particulares- los que acaban prevaleciendo.