Con los votos a favor de PSE, PP y PNV, la Cámara de Gasteiz dio el visto bueno a la venta de acciones de Lakua en Euskaltel en la reunión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda celebrada ayer. EA y Aralar fueron los únicos que rechazaron la operación, que por un valor de 68 millones de euros, dejará al Ejecutivo con una participación inferior al 5% en la teleoperadora.

Lakua y Euskaltel llevan negociando el acuerdo alrededor de un año y conllevará la transmisión a la operadora de telecomunicaciones de parte de la red que venía utilizando en régimen de arrendamiento.

La fórmula para que Euskaltel adquiera parte de la red es la de una «aportación no dineraria». Los bienes y derechos que se aportarán a la empresa de telecomunicaciones han sido valorados en 68 millones de euros y como contraprestación a esta aportación, el Ejecutivo recibirá un paquete de acciones de Euskaltel «de valor equivalente».

En una segunda fase, Lakua venderá sus acciones en la compañía hasta quedarse con menos del 5%. Hasta el momento, el Ejecutivo de Patxi López sustentaba una participación del 7,45%.

Ambas operaciones -la transmisión de la red de telecomunicaciones y posterior venta de acciones- están unidas. Por lo tanto, si la segunda no se lleva a cabo, la primera quedaría sin efecto.

Peligro de privatización

Durante la sesión de ayer, se debatieron las alegaciones presentadas por EA y Aralar contra la operación de venta de parte las acciones que Lakua tiene en la teleoperadora vasca aprobada por el Consejo de Gobierno. Ambas formaciones rechazaron dicho contrato por considerar que se pone en peligro la participación pública en Euskaltel.

El parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, mostró su oposición a la maniobra por considerar «muy grave» que Lakua otorgue la red pública de telecomunicación a Euskaltel y que venda las acciones que posee en la empresa.

«El Gobierno pretende cubrir las deficiencias de gestión de una empresa privada con patrimonio público», sentenció Maeztu. Recordó asimismo, que dicho patrimonio público «se ha conseguido con los impuestos de toda la ciudadanía».

Según Aralar, detrás de este convenio prevalece la intención de Lakua de «hacer caja» y criticó que el Ejecutivo haya decidido habilitar el mes de agosto expresamente para llevar a cabo esta operación.

Además, mencionó la intención de Kutxabank, principal accionista de Euskaltel, de vender parte de sus acciones. Cabe recordar que hace dos semanas Kutxabank concedió a Euskaltel un crédito de 125 millones de euros para que la teleoperadora abone a Orange la segunda parte de la sanción de 222 millones impuesta por romper la alianza que mantenían.

Maeztu afirmó que el objetivo que persigue Kutxabank con la venta de acciones, es la eliminación de su balance de esta cantidad de dinero prestada a la compañía. Para ello, reducirá su participación en la operadora vasca en más de un 50%.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié fue la transmisión a Euskaltel de la red de telecomunicaciones que hasta ahora utilizaba en régimen de alquiler. Por un lado, opinó que el hecho de disponer de una «red propia» hace más atractiva la venta de acciones de la empresa. Así, censuró que el Ejecutivo haya otorgado parte de esta red, que es «patrimonio público», con intereses puramente económicos.

Por otro lado, Maeztu advirtió que «una red pública que ha sido sufragada con los impuestos de todos, quedará en manos privadas y se utilizará para generar beneficios privados». En esta línea, denunció que se trata de «otro capítulo de desmantelamiento del sector público».

El representante de EA, Juanjo Agirrezabala, apuntó que ante esta operación «no se ha considerado la posibilidad de enajenar parte de su red a los ayuntamientos en lugar de a una empresa privada». Calificó la operación de «preocupante», ya que Lakua «renuncia» a sus posibilidades de control y seguimiento de la actividad de la compañía.

Los representantes de PSE, PP y PNV, sin embargo, aprobaron por unanimidad la operación y resaltaron el carácter «beneficioso» que tendrá «tanto para Euskaltel como para el Gobierno». El PSE dijo que los ingresos que se obtengan de la operación «se invertirán en políticas sociales», mientras que el PNV consideró que Lakua se queda «con una parte importante de la red de telecomunicaciones», afirmación el la que coincidieron tanto PSE como PP.