El juez de Instrucción del Vaticano Piero Bonnet ordenó ayer la apertura de juicio contra el ex mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, acusado de «robo con agravantes», por filtrar documentos que denunciaban corrupción en el Vaticano.

De 46 años y ciudadanía vaticana, Gabriele, que trabajaba en las estancias privadas del pontífice, sirviéndole las comidas y ayudándole a vestirse, fue detenido el pasado 23 mayo. El 22 de junio fue puesto bajo detención domiciliaria y desde entonces permanece junto con su familia en el interior del Vaticano.

Asimismo, procesó por «complicidad» al técnico de sistemas informáticos de la Secretaría de Estado, Claudio Sciarpeletti, detenido el 25 de mayo y liberado al día siguiente, si bien este hecho no había trascendido hasta ayer. Sciarpeletti será juzgado por «receptación» de objetos robados. «Su papel es marginal», precisó en una rueda de prensa el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi.

El informático fue suspendido de su cargo ad cautelam, por precaución, pero sigue percibiendo su salario.

«La magistratura vaticana descubrió una realidad muy compleja. La justicia proseguirá su labor, la investigación sobre otras personas involucradas sigue abierta», añadió.

Aunque aún no hay fecha para el inicio del juicio, indicó que no será hasta antes de finales de setiembre, si bien, el papa, en su calidad de jefe de Estado, puede intervenir en cualquier momento para detener el juicio o indultar a Gabriele, que se enfrenta a una pena máxima de seis años.

La imagen del Vaticano quedó dañada por la filtración de un centenar de documentos internos, entre ellos cartas privadas dirigidas al papa o a su secretario, lo que ha provocado una de las mayores crisis del papado de Benedicto XVI, al poner en entredicho incluso su liderazgo dentro de la iglesia católica.

Según la investigación oficial, Gabriele alegó que había actuado porque veía «maldad y corrupción en todas partes en la Iglesia» y quería ayudar a arrancarla «porque el papa no estaba lo bastante informado».