Mientras la situación económica y social se deteriora rápidamente y Grecia está, una vez más, al borde de una bancarrota descontrolada, ayer se conoció que el primer ministro, Antonis Samaras, pedirá más tiempo para implementar las políticas austeridad dictadas por sus acreedores internacionales. En concreto, solicitará una extensión de dos años, hasta 2016, en la aplicación del plan de recortes previamente acordado con la Troika -FMI, Banco Central Europeo y UE- y posponer cuatro años más, hasta 2020, la devolución del primer préstamo internacional. En otras palabras, comprar tiempo para seguir saltando obstáculos como si cada uno de ellos fuera el último.

Todo indica que Samaras tendrá una difícil misión. Particularmente en Alemania, los políticos aliados de la canciller Merkel han elevado el tono de las críticas hacia Grecia, y su salida voluntaria de la eurozona es un escenario cada vez más deseado. La paciencia germana con Atenas es un bien en extinción y el escepticismo se ha apoderado de todo el espectro alemán. El mensaje que trasmite, «la ayuda a Grecia ha llegado ya al límite de lo que es aceptable», tiene mucho que ver con los retos domésticos -conocer si el Tribunal Constitucional da luz verde al mecanismo europeo de rescate permanente- y con el hecho de que el inminente rescate general del Estado español, de proporciones gigantescas, es un secreto a voces.

Además de más tiempo, Grecia necesita más dinero. Y quienes la han financiado hasta ahora no parece que vayan a prestarlo. Si la política de apretar el cinturón drásticamente tenía por objeto evitar la bancarrota griega, esta ha sido un estrepitoso fracaso. Y es hora de reconocerlo. Interpretar la salida de esta situación desde el enfoque de la austeridad solo ha exacerbado la crisis económica griega y ha disparado aún más sus deudas. Para deshacerse de ellas y buscar un nuevo comienzo, declarar la bancarrota puede ser una oportunidad para Grecia. Sin importar lo impredecibles que sean sus consecuencias.