La ONU reparte responsabilidades entre Damasco y rebeldes armados
La comisión encargada por la ONU para investigar la situación en Siria reparte responsabilidades, bien que de forma desigual, entre el régimen de Damasco -acusado de una nueva masacre ayer cerca de Alepo- y los rebeldes armados, que reivindicaron un atentado con bomba ayer junto al hotel que alberga a los observadores de Naciones Unidas. Mientras, la crisis se agrava y amenaza con saltar a Líbano.
GARA | GINEBRA
La Comisión Independiente que investiga la violación de los derechos humanos en Siria por encargo de la ONU concluye en un nuevo informe avanzado ayer que las Fuerzas Armadas del Gobierno sirio y la milicia progubernamental Shabbiha «han cometido crímenes contra la humanidad -asesinatos y torturas-, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluidos asesinatos fuera de la ley, ataques indiscriminados contra civiles y actos de violencia sexual».
La Comisión, presidida por Sergio Pinheiro, reitera igualmente sus conclusiones presentadas en julio relativas a la masacre perpetrada el 25 de mayo en la localidad de Houla e insiste en responsabilizar al régimen de «la muerte de más de un centenar de civiles, de los que la mitad eran menores».
Estas violaciones, según el informe, se cometieron en el marco de una política de Estado «con implicación de los más altos niveles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y del Gobierno» de Damasco.
A menor escala
El informe de 102 páginas, que será presentado el 17 de setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, imputa también a los «grupos armados antigubernamentales crímenes de guerra, incluidos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y torturas», aunque matiza que «en todo caso, estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala» que las que atribuye al Gobierno y a los Shabbiha .
La comisión insta a la ONU a actuar y a llevar sus conclusiones al Consejo de Seguridad. Para ello ha elaborado una lista confidencial con nombres de individuos y unidades militares «responsables de estos crímenes» que entregará en setiembre a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La comisión asegura haber recibido «pruebas consistentes de que miembros de alto y medio nivel de las fuerzas del Gobierno estuvieron implicados directamente en actos ilegales».
Se citan en este sentido los testimonios de desertores que aseguraron que los mandos ordenaban a sus hombres disparar contra civiles, y maltratar y torturar a los detenidos. «Las órdenes se aplican a menudo a punta de pistola, y quien duda a la hora de obedecer se arriesga a ser detenido o ejecutado de manera sumaria». Con respecto a los rebeldes armados, el informe añade que «los mandos de las unidades locales ordenan la ejecución de miembros de las fuerzas gubernamentales y de los Shabiha capturados o los asesinan ellos mismos».
Contra las sanciones
El informe llama la atención sobre el deterioro de la situación socioeconómica y humanitaria y critica las sanciones internacionales contra el régimen de Bashar al-Assad, que considera «una negación de los derechos humanos más básicos del pueblo sirio».
Alerta asimismo sobre el impacto de «un conflicto armado no internacional» -término legal para definir una situación de guerra civil-. «La creciente militarización del conflicto es desastrosa para el pueblo sirio y podría provocar consecuencias trágicas para la región entera», concluye la comisión.
Activistas locales y organismos opositores denunciaron la matanza de decenas de personas en un bombardeo aéreo en la localidad de Azaz, en la provincia norteña de Alepo. Un activista que se identificó como Hazem al Azizi aseguró a la agencia Efe que ascendían a 40 los muertos y que cazas sirios bombardearon un mercado popular y varios edificios, entre ellos uno en el que se encontraban los 11 chiíes libaneses secuestrados en mayo cuando volvían de una peregrinación en Irán.
El opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) informó de 20 fallecidos y matizó que el objetivo del ataque fue una antigua sede del partido Baath convertida en cuartel rebelde. El OSDH aseguró que cuatro secuestrados resultaron gravemente heridos. Medios libaneses daban a algunos por muertos.
Precisamente, un clan chií libanes reivindicó ayer el secuestro de al menos 20 sirios para intercambiarlos por un miembro de su clan secuestrado esta misma semana en Siria.
Paralelamente, tanto el opositor OSDH como la televisión pública siria confirmaron un enfrentamiento cerca de las oficinas del primer ministro en Damasco. Mientras el primero hablaba de un ataque con mortero contra el despacho y un edificio en construcción de la embajada iraní, la versión oficial habló de un operativo «antiterrorista».
El Ejército Sirio Libre reivindicó el atentado con bomba que horas antes dejó cinco heridos y que tuvo lugar junto al hotel que alberga a observadores de la ONU. Esta milicia rebelde aseguró que el objetivo era una reunión de militares en una oficina del Estado Mayor del Ejército situada también en las inmediaciones.
Mientras tanto, proseguía la ofensiva del régimen en la ciudad de Alepo. GARA
Arabia Saudí e Irán aparcaron su diferendo sobre Siria -sus líderes ni mentaron el dossier en sus discursos- en plena cumbre convocada para suspender al país árabe de la Organización de la Conferencia Islámica.
El rey saudí propuso la creación de un centro de diálogo entre suníes y chiíes mientras la delegación iraní se limitó a mostrar sus reservas sobre la resolución para suspender a Siria, pero sin entrar en detalles.
Líbano tomó distancias pero sin oponerse a la medida. Argelia negó que se oponga y propuso, junto con Kazajistán y Pakistán, que incluyera una mención a la violencia de los rebeldes armados. GARA
