La amenaza de la Audiencia Nacional española, por iniciativa de la Fiscalía, de demorar la decisión sobre la libertad de Iosu Uribetxebarria durante 10 ó 15 días más es el último e inaceptable despropósito de una actitud solo y exclusivamente cruel, se mire por donde se mire. No hay impedimento jurídico alguno para proceder a su inmediata liberación, como requiere la gravedad de la situación. Al contrario, han dilatado un procedimiento que por su urgencia podía y debía haber concluido hace muchos días. Y con ello simplemente han demostrado su capacidad de ensañamiento con el más débil, incluso en una situación límite. Un alarde de crueldad que ahora la Audiencia Nacional -incluso tras la admisión del máximo responsable en materia penitenciaria, Ángel Yuste, de que la prisión no es el lugar adecuado para tratar la enfermedad de Uribetxebarria- pretende alargar.

Sin embargo, existen indicios que revelan la incomodidad del Gobierno del PP con la situación que él mismo ha creado. Uno de ellos es el plan de regreso de «huidos» que acaba de airear el Ministerio de Interior, que pese a no existir aún concreción alguna apunta a una dirección correcta a la hora de abordar una de las consecuencias del conflicto. Y también lo es el hecho de que hoy el Tribunal Constitucional trate 20 casos de presos políticos vascos a los que se les aplicó la doctrina 197/2006, a la que Estrasburgo ya ha escrito el principio del fin. Sin embargo, lo que podría ser un intento de ofrecer una imagen de voluntad de avanzar «conforme a la ley» se convierte en una incoherencia extrema, pues si bien ambas cuestiones exigen soluciones, en un caso de extrema urgencia como el de Iosu Uribetxebarria, Madrid, además de inhumanidad, muestra una letal irresponsabilidad.

Uribetxebarria cumple hoy su decimocuarto día en huelga de hambre y su situación es verdaderamente alarmante. En Euskal Herria se multiplican las movilizaciones y los actos por su libertad. Casi nadie entiende la lamentable actitud de los poderes del Estado, y el Gobierno del PP a nadie puede convencer así de que efectivamente tiene alguna voluntad real de solucionar las consecuencias del conflicto.