La prensa madrileña de extremo centro continúa usando profusamente las palabras «cárcel» y «vascos». Y alguno incluso se mostraba en desacuerdo con el Gobierno por su forma de aplicar la primera a la segunda.

«El Mundo» se refería ayer al plan del Ministerio de Interior «para que los huidos vuelvan a España». Afirmaba que el Gobierno español está estudiando las condiciones en la que «podría traer a España a etarras huidos o deportados. Con dos objetivos, ponerlos en libertad si no tienen causas pendientes o incorporarlos a la vía Nanclares como procedimiento de reinserción». Y a continuación mostraba su descontento, pues el inmovilismo del Gobierno español en tanto materia penitenciaria como en lo referente al proceso de resolución le parecen una continuidad del «proceso de mano blanda» del Gobierno de Patxi López «y demuestra que poco ha cambiado en la política antiterrorista». Ya sabemos que para Pedro J. y compañía, hagan lo que hagan, siempre habrá mano blanda, pues el verdadero peligro que contemplan es un escenario democrático en Euskal Herria. Y después ofrecía la «prueba» que demuestra su tesis: «Lo hemos comprobado con la concesión del tercer grado a Bolinaga. Estemos atentos para ver cómo justifica el juez que este etarra se ha desvinculado de ETA para otorgarle la libertad condicional». Es decir, que para «El Mundo» las muestras de crueldad del Gobierno para con Uribetxebarria son prueba de mano blanda.

En el mismo medio, Carlos Cuesta, el moderador que opina más que todos sus tertulianos juntos, titulaba su Escopeta Nacional «La trampa». La trampa de la izquierda en la que, según Cuesta, ha caído el PP al no atreverse «a plantear una respuesta totalmente contraria a la política que ha llevado a España a la ruina no sólo económica, sino como país. Una trampa cuyo fin puede desvelarse en las próximas elecciones generales, donde un PP desconectado de su mensaje y sus bases tradicionales, deberá pelear por el poder con un paro superior al 20%, un independentismo desorbitado y un país bajo rescate». Para que no haya lugar a equívocos, lo que Cuesta reprocha al Gobierno es su lentitud en el desmantelamiento del sistema público, que no haya ilegalizado a Bildu y a Sortu, que haya dado el tercer grado a Uribetxebarria... O sea, lo que sus «bases tradicionales» -que se remontan a muchas décadas atrás- reclaman.