Trabajadores de la planta de Corrugados en Azpeitia comenzaron ayer por la mañana un encierro en las instalaciones de la factoría para exigir a los responsables de la empresa explicaciones sobre sus intenciones de futuro. Los empleados, que llevan ya 67 días en huelga, acusan al Grupo Gallardo, propietario de Corrugados, de «estar dejando morir a la empresa» por lo que demandan que «si lo que quiere Alfonso Gallardo es cerrar la empresa, que lo diga».

En este sentido, recordaron que el motivo de su encierro en la planta es que bien el gerente o bien el responsable del departamento de Recursos Humanos les reciba en una reunión y les cuente los planes de futuro.

Los trabajadores recordaron que Corrugados recibió financiación directa de las instituciones públicas, concretamente de la Consejería de Industria y de la Diputación de Gipuzkoa, para hacer frente a un plan de viabilidad y añadieron que «tiene que responder por ello y dar explicaciones sobre la inversión de ese dinero».

Informe «positivo»

Los empleados de Corrugados hicieron una valoración positiva del informe que la Delegación de Trabajo ha elaborado en torno al conflicto en esta empresa. En el mismo, según la versión facilitada por los trabajadores, se detalla la predisposición de la plantilla a plantear alternativas a los ERE y a los despidos, y se hace referencia al escaso interés al diálogo de la dirección de la empresa.

Por su parte, la Diputación guipuzcoana podría tener prevista una decisión a la espera de una reunión con el Departamento de Industria de Lakua.

El origen del conflicto laboral en Corrugados Azpeitia está en el planteamiento por parte de la dirección del Grupo Gallardo de un segundo ERE de extinción una vez que se había comprometido con las instituciones públicas a aplicar un plan de viabilidad tras haber recibido subvenciones del Gobierno de Gasteiz y Diputación de Gipuzkoa.

La respuesta empresarial ha sido un ERE de extinción para sesenta trabajadores y otro de supensión de 66 días para el resto de la plantilla durante lo que resta de año. Además, propone un aumento de la jornada de 49 horas al año y una bajada de salarios del 35%.