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CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA
El fiscal apuesta por mantener la agonía de Iosu Uribetxebarria
Reclama más informes médicos al objeto de dilatar el proceso después de que el propio Gobierno del PP dejara vía libre hacia la excarcelación. El preso enfermo cumple esta noche dos semanas en huelga de hambre
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A.PRADILLA-O.LARRETXEA | MADRID-DONOSTIA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española echó ayer, en el decimotercer día de huelga de hambre que lleva a cabo Iosu Uribetxebarria, un jarro de agua fría a las expectativas generadas en torno a una rápida excarcelación del preso de Arrasate a causa de su grave enfermedad. A media mañana, fuentes jurídicas advirtieron de que el expediente de libertad condicional sobre el preso político vasco podría no estar listo hasta dentro de «diez o quince días», lo que alargaría la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que regresa de vacaciones esta semana y a quien corresponde la última palabra.
Los informes médicos sobre su estado de salud, que llegaron ayer a la Audiencia, provocaron un encontronazo -real o fingido- entre el Ministerio Público y Prisiones, dependiente ambos del Gobierno en última instancia. Mientras los primeros pusieron en cuestión la fiabilidad del documento médico, Instituciones Penitenciarias remarcó que «llegó por cauces reglamentarios».
En medio de las maniobras de la Administración, el proceso se dilata al tiempo que el estado de salud del arrasatearra, que en los primeros nueve días de ayuno ya perdió diez kilos, continúa agravándose.
A mediodía de la jornada que había sido anticipada como clave, fuentes de la Fiscalía aseguraban que el documento era «incompleto» ya que no incluía «antecedentes» ni «historial clínico». Además, sembraban la duda al indicar que no está firmado «por ningún doctor en concreto». Por este motivo, aseguraron que pedirían hoy mismo más datos al Hospital Donostia, donde permanece ingre- sado Iosu Uribetxebarria desde hace ya tres semanas.
Este nuevo informe podría no ser necesario ya que Prisiones se adelantó a la solicitud e hizo un amago de acelerar el proceso, anunciando que incluiría los datos solicitados (historial clínico y nombres de los doctores que firman el análisis médico) en el expediente de libertad condicional que tenía previsto remitir ayer por la tarde a la Audiencia Nacional. El documento, elaborado por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa, constituye uno de los pasos previos a la decisión final sobre la excarcelación, que corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria. No obstante, los datos médicos descartados por la Fiscalía ya habían recibido el aval de Instituciones Penitenciarias, dado que se basó en este informe para decretar el tercer grado para Uribetxebarria el viernes.
Añadidos los datos solicitados
Ante las dudas sembradas por la Fiscalía, Prisiones respondió garantizando la oficialidad del documento, que es el que certificaba el carácter «irreversible» de la enfermedad del preso. Fuentes del departamento que dirige Ángel Yuste citadas por la agencia Europa Press indicaron que había llegado por «cauces reglamentarios» y que contaba con el sello del Hospital Donostia y de Osakidetza. Sobre la falta de firma personal de la que alertaba el fiscal, Instituciones Penitenciarias argumentó que se debía a que el preso político está siendo atendido por un equipo «multidisciplinar».
De este modo, Prisiones incluirá los datos solicitados por la Fiscalía en el expediente de libertad condicional, que debía de llegar ayer a la Audiencia Nacional. En él, además de la valoración de la Junta de Tratamiento de Zaballa y el informe médico, se incluyen las condiciones impuestas el viernes, es decir, el «alejamiento de las víctimas de sus delitos», la prohibición de participar en actos de «ensalzamiento de la violencia» y la obligación de solicitar un permiso en caso de querer abandonar el municipio en el que fije su residencia. Según informaron las agencias españolas, la lista de médicos firmantes ya estaba en manos de Prisiones ayer por la tarde. Estas mismas fuentes aseguraron que el departamento que dirige Ángel Yuste incluiría una referencia expresa a que el juez de Vigilancia Penitenciaria mostrase a la Fiscalía el listado de doctores.
Además de esta documentación, el tribunal de excepción español tiene que recibir un documento específico que responda a las dudas sobre el tratamiento médico que han sido trasladadas por el juez Santiago Pedraz a iniciativa de la Fiscalía.
En concreto, el magistrado se interesó por el tratamiento que recibe Uribetxebarria y las posibilidades de que este fuese administrado en las dependencias sanitarias de la cárcel. Una posibilidad que ya fue descartada por el propio director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, en una entrevista concedida el sábado al diario «El País» y en la que reconocía que la enfermería de la prisión cumple las funciones de centro de atención primaria pero no de hospital, que es donde debe de ser atendido el de Arrasate.
Con todos estos informes, el forense de la Audiencia Nacional española deberá elaborar un último documento que será el que se entregue al fiscal. Este tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la excarcelación.
La protesta se reforzará
Todos estos vaivenes se produ- cían en Madrid confirmando la intención del Gobierno de presentar este caso como un mero problema técnico y no como una decisión política de fondo. Y todo ello pasando por alto un dato fundamental: la huelga de hambre que lleva a cabo un preso ya gravemente enfermo.
Al tiempo que Uribetxebarria suma en el calendario un día más en huelga de hambre, alcanzando hoy catorce jornadas sin ingerir alimento alguno, la solidaridad hacia el arrasatearra hace otro tanto. Y los apoyos van in crescendo, según comentó ayer a GARA el miembro de Herrira Jon Garai, que participa en la protesta desde el primer día. A día de hoy hay otras doce personas en ayuno ante el Hospital Donostia.
La concentración diaria que se lleva a las puertas del centro hospitalario se prolonga desde las 10.00 hasta las 22.00, y tras la pancarta que exige la libertad de Iosu Uribetxebarria, así como de los otros trece presos políticos vascos enfermos, nunca falta gente. Ayer, alrededor de las 19.00 más de un centenar de personas se sumaron a la concentración, un número que día a día va en aumento.
La actitud positiva de la ciudadanía alienta a los miembros de Herrira pero también, y sobre todo, a Uribetxebarria, que está muy al corriente del apoyo popular que se plasma diariamente en el exterior.
Quienes han tenido la oportunidad de visitarle en la habitación en la que se encuentra ingresado desde el pasado 2 de agosto aseguran haberle visto «tranquilo y agradecido».
La pérdida de kilos y, por consiguiente, de fuerza, es visible en las trece personas que secundan el ayuno frente al hospital. No obstante, y a pesar de que la Audiencia Nacional española podría tardar aún dos semanas en elaborar el informe sobre la libertad del preso, desde Herrira han anunciado que si se cumplen estos plazos, y por lo tanto, el Gobierno español prolonga la situación, también ellos reforzarán la respuesta. Descartan la posibilidad de suspender la huelga de hambre, según indicaron a este diario. Precisamente, en los próximos días el movimiento a favor de las presas y presos dará a conocer las iniciativas y convocatorias que pondrá en marcha en caso de que la puesta en libertad de Uribetxebarria se demore.
«Brutal atropello»
Tras el anuncio de la intención de posponer este paso hasta setiembre, Herrira emitió un comunicado en el que calificó de «macabra tomadura de pelo a los mayoritarios deseos de paz de la sociedad vasca» la decisión del Gobierno español a través de la Fiscalía, destacando que supone un «brutal atropello» a los derechos humanos más elementales. Insisten en que el estado de salud del vecino de Arrasate es «tremendamente delicado», y consideran que la última vuelta de tuerca de la Fiscalía equivale a la muerte: «La decisión de alargar su estancia en prisión quiere matar a Iosu Uribetxebarria», dice la nota.
Las pancartas, así como las sillas vacías colocadas en círculo frente al Hospital Donostia reivindican, además de la inmediata libertad de Uribetxebarria, la del resto de presas y presos gravemente enfermos. Catorce en total.
«Esto no se puede ni se debe volver a repetir», defiende Herrira. Por ello, ayer volvió a llamar a las movilizaciones. «Iosu y los otros presos gravemente enfermos deben ser excarcelados y la política penitenciaria debe girar de sus claves actuales de represión y venganza hacia términos de resolución del conflicto», señaló Herrira.
La jornada de hoy frente al hospital estará marcada por la asistencia a la concentración frente de personalidades del mundo de deporte, el periodismo o la cultura. A las 18.00 se ofrecerá una charla bajo el epígrafe «Osasuna eta kartzela (Salud y cárcel)». Además, varios médicos visitarán a las personas que están siguiendo el ayuno.
Más allá de la capital guipuzcoana, en Euskal Herria también ayer se sucedieron las concentraciones a favor de los presos vascos en general, y de Uribetxebarria en particular. Fue el caso de Gernika (51), Bermeo (30), Altsasu (45), Iurreta (32), Ataun (27), Zaldibia (26), Altza (24), Iruñea, frente a la sede del PP (110), Astigarraga (18) y Zumarraga-Urretxu (60). Las protestas son diarias en las capitales y en casos como Ondarroa, donde se reúnen unas 70 personas, o en Hendaia (60).
También representantes de Esquerra Unida i Alternativa, (formación catalana integrante de la Asamblea Federal de Izquierda Unida) mostraron su apoyo a la excarcelación del arrasatearra el sábado en el Hospital Donostia. Además, Vía Democrática, formación de izquierdas de Marruecos, emitió un comunicado en el que solidarizaba con el prisionero e instaba a una resolución dialogada.
Las declaraciones de sus dirigentes evidencian discrepancias. Esteban González Pons defendió ayer que ante todo hay que cumplir la ley, pero Jaime Mayor Oreja aseguró que esto es prescindible en ocasiones como esta.
Herrira reaccionó con contundencia ante la nueva maniobra del Estado contra el preso enfermo. Habla de «macabra tomadura de pelo» a la sociedad vasca y asegura que la decisión final «quiere matar a Iosu».
La protesta de los presos vascos -550 en 66 cárceles- deja ya consecuencias graves. Ayer se confirmó que Gonzalo Rodríguez Cordero está hospitalizado en Ciudad Real desde el sábado. Llevaba en huelga de hambre desde el día 12, y fue ingresado por inflamación del hígado y descompensación de todos los niveles. A la hospitalización le ha sucedido la desinformación, indica Etxerat en una nota de prensa: su esposa no recibe información por teléfono, así que la familia se ha desplazado hasta la ciudad manchega. Rodríguez tiene 67 años y lleva 19 de ellos en prisión tras aplicársele le «doctrina Parot».
Etxerat añade que prisioneros como Harriet Arregi, Guillermo Merino , Jose Beaumont, Olatz Egiguren o Mikel Beaito han tenido que dejar el ayuno por problemas de salud, además de Josetxo Arizkuren, que se encuentra enfermo. Xabier Alegria, encarcelado en Puerto III, tuvo que hacer otro tanto tras perder el conocimiento dos veces; pasó por enfermería y volvió al módulo.
En los módulos 5 y 6 de Almería dejaron la huelga de hambre al entender que con el tercer grado Uribetxebarria saldría en libertad, pero tras las últimas noticias han decidido reemprenderla.
Uribetxebarria suma hoy catorce días en huelga de hambre, y en los primeros nueve días de protesta perdió ya alrededor de diez kilos, una cifra que aumenta con el paso del tiempo y que agrava su estado de salud.
Tras afirmar en días anteriores que el caso se pretende convertir en un «espectáculo», el líder del PNV, Iñigo Urkullu, añadió ayer que cree que se está «exacerbando» por parte de la izquierda abertzale y del PP con «motivos electorales». Según esta tesis, el enfrentamiento beneficia a ambas formaciones y daña al PNV. GARA
En plena polémica sobre los presos enfermos, el Constitucional ha anunciado para hoy una sesión en la que analizará una veintena de recursos contra la «doctrina Parot». Se trata de la primera vez en que el máximo tribunal español aborda un paquete amplio de casos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejara claro su rechazo a esta práctica el 10 de julio, en el fallo sobre el caso de Inés del Río. Sin embargo, es sabido que el Gobierno no ha cumplido ese veredicto, de modo que retiene presa a Del Río a la espera del recurso que presentará en setiembre. Si el Constitucional hace suya esa misma posición gubernamental, es posible que ratifique la posición del Supremo y rechace los recursos, aunque ello le ponga en evidencia ante los tribunales europeos. El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, dijo ayer que por ahora «no hay razón jurídica» para que el Tribunal Constitucional deshaga esta doctrina hasta que la sentencia europea sea firme.
Esta hipótesis parece fortalecida por el hecho de que no será el Pleno del Tribunal Constitucional el que aborde este paquete de recursos, como ocurrió en marzo cuando el TC fijó posición rechazando diecinueve demandas y aceptando solo tres, sino la llamada Sala de Vacaciones del TC, que tiene un formato más reducido. Está compuesta por solo tres jueces en lugar de los once del Pleno.
Siguiendo con esta tesis, posiblemente el objetivo de fondo de esta sesión del Tribunal Constitucional no sea otro que hacer ver a Estrasburgo que la cuestión de la «doctrina Parot» sigue estando en su agenda y que los recursos se abordan sin dilaciones y con normalidad.
Ocurra lo que ocurra hoy, la cuestión de la «doctrina Parot» seguirá en candelero con próximas iniciativas. En setiembre la Audiencia Nacional se reunirá para fijar un criterio de actuación teniendo en cuenta el fallo europeo. Mientras, el Ejecutivo apurará las opciones de mantener esta práctica recurriendo a la Gran Sala de Estrasburgo el caso de Inés del Río. En cualquier caso, juristas de todo tipo, e incluso fuentes del propio Ejecutivo español, asumen que si Europa confirma el rechazo a la «doctrina Parot» este procedimiento vigente desde 2006 tendrá que ser anulado y decenas de presos políticos vascos deberán quedar libres.
El TC no concreta qué recursos se abordarán hoy, pero se supone que se tratará de casos que ya están admitidos a trámite y quedaban pendientes de resolución final. Según datos de Etxerat de hace dos meses, en esta situación se hallan Iñaki Orotegi, Inma Pacho, Maitane Sagastume, Raúl Ibáñez, Iñaki Akaiturri, Jon Aginagalde, Iñaki Erro, Bautista Barandalla (en prisión atenuada en casa por enfermedad), Josu Díaz de Heredia, José Angel Biguri, Gotzone López de Luzuriaga, José Ramón Martínez de la Fuente, Iñaki Fernández de Larrinoa, Juan Mari Gabirondo, Nicolás Francisco, Inaxio Mendiburu, Kepa Solana, Francisco Lujanbio, Josu Amantes e Inés del Río (la presa tafallarra tenía dos recursos diferentes). Ramón SOLA