Los mineros sudafricanos en huelga desafiaron ayer la amenaza de despido realizada por la empresa británica Lonmin, que explota la mina de platino donde se ha generado el conflicto que ya ha causado 44 muertos -entre ellos dos policías-, 34 de los cuales fueron masacrados el jueves por la Policía, y continuaron la huelga que mantienen desde hace once días.

La compañía había dado el domingo un ultimátum, bajo la amenaza del despido, para que los mineros se reincorporaran ayer a sus puestos, pero debido a la situación de extrema tensión que se vive en la mina Lonmin decidió prolongar el plazo hasta hoy a las 07.00 horas. Una hora antes está previsto que se reúnan los huelguistas para evaluar el ultimátum.

«Esperamos que para las 7.00 los obreros estén trabajando, si no es así, Lonmin tiene el derecho a despedirles», advirtió Marco Munroe, vicepresidente ejecutivo de Minería de Lonmin.

«Nuestra prioridad es el regreso a la normalidad», añadió, diciendo que la administración de la mina estaba «en contacto con los sindicatos».

Munroe citó al poderoso sindicato minero de Sudáfrica Unión Nacional de Mineros (NUM), pero especificó que el minoritario AMCU, que inició la huelga el 10 de agosto, no participó en estas negociaciones.

Según Munroe, la empresa logró reiniciar su producción después de que el 27% de los mineros volviera ayer al trabajo. Agregó que la mayoría no secunda la protesta, pero no puede ir a trabajar por «la violencia que ha rodeado esta huelga ilegal».

La dirección, sin embargo, no mencionó la reunión de unas 3.000 personas poco antes en el campamento minero, donde los líderes de la protesta pidieron continuar la huelga hasta lograr la mejora salarial que plantean y recibieron el apoyo de jefes tribales de la zona, políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Pese a las amenazas de despido, piquetes de mineros se reunieron en el lugar donde la Policía abatió a 34 compañeros.

Comparecencia de los detenidos

Los 259 huelguistas detenidos en las movilizaciones de la última semana en Marikana y en prisión preventiva comparecieron ante un tribunal de Pretoria. Solo uno de ellos, hospitalizado, no se presentó ante el juez, que les leyó los cargos de «violencia pública hasta homicidio» o «tentativa de homicidio».

Su llegada a la Corte en camiones de la Policía provocó escenas de histeria entre las familias que acudieron a apoyarlos y reclamar «libertad de los trabajadores inocentes»