Todos los días las noticias sobre los mercados, la prima de riesgo y los altibajos de la bolsa llenan los informativos. Casi siempre referidas al dinero. Se habla mucho menos de la economía productiva, que sufre las consecuencias de la actividad monetaria por el encarecimiento de los créditos y tiene como resultado el cierre de muchas empresas y que muchas personas vean truncadas sus posibilidades de vida digna. Se ha doblado el número de quienes piden comida en los bancos de alimentos, y no son los pobres tradicionales, sino que la tipología se ha diversificado, sin que falten universitarios. Asistimos a una grave mengua del Estado de bienestar (copago en la sanidad pública, disminución y mayor dificultad para obtener una pensión, alargamiento de la edad de jubilación...).

Si buscamos profundizar en las causas de esta situación, no es fácil llegar a un acuerdo. Lo mismo ocurre respecto a las medidas a tomar para salir de ella. El Gobierno, unido al gran capital, ha establecido una regulación que favorece a las instituciones financieras y perjudica a la pequeña empresa productiva que predomina entre nosotros, así como al consumidor. La gente de la calle nota cómo merman sus ingresos al mismo tiempo que aumentan los precios de artículos básicos. Oficialmente se dice que el mayor problema es la excesiva deuda pública y que es necesario poner drásticas medidas para reducirla. Sin embargo, se oculta que esta tiene mucho que ver con el cambio de financiación del Estado, en que los impuestos (sobre todo directos) dejan paso a la deuda pública conseguida en mercados internacionales; tampoco se dice que la deuda internacional principal es la dirigida a las entidades financieras privadas.

Existen unas causas históricas, que omitimos por la extensión del texto, en las que todo se confía al libre mercado, sin ingerencias públicas, aunque no se diga que es totalmente desigual la capacidad de influir en él de los distintos agentes participantes. Este mercado está funcionando mundialmente como un oscuro poder que decide el destino de todo, también de lo que directamente nos afecta; y sin que, aunque así lo pregone, pueda establecer la justicia y la equidad. Sin embargo, no son los mercados los responsables, pues en sí mismos no son entidades con capacidad de decisión, sino las personas e instituciones concretas que, para propio beneficio, los gobiernan bajo el manto de la «no intervención externa».

Una actividad económica que busca el máximo beneficio a corto plazo y sin ningún control externo se verá encaminada hacia desequilibrios, desajustes y crisis. No todos salen malparados de ella. Baste recordar las remuneraciones, indemnizaciones por cese o pensiones de altos directivos de entidades financieras, algunas de ellas habiendo tenido que ser rescatadas por su situación de quiebra técnica. A ellos nadie les pide cuentas de su gestión y tienen garantizado de por vida un confortable estatus.

Está creciendo en una parte importante de la población el miedo y un profundo malestar, pues ven en peligro un porvenir digno para ellos y sus hijos, ya que se han quedado sin empleo, los ingresos son escasos o nulos, las deudas crecientes, poniendo en peligro incluso la vivienda propia. Sin que los responsables de todo esto se sientan concernidos y gocen de total impunidad.

La crisis nos hace pensar que nuestro futuro personal va a ser peor y queremos protegernos de ello. Hemos dado como adquiridos para siempre unos niveles de vida que, en verdad, nos atan a unos consumos que, en este sistema, exigen unos ingresos de los que muchos carecen y no pueden endeudarse más. Estamos preocupados porque vamos perdiendo capacidad adquisitiva o esta no aumenta en la medida que quisiéramos. Lo cual lleva al desánimo a aquella parte de la población que había conseguido a base de mucho esfuerzo un determinado nivel de vida, o a los jóvenes que vislumbraban o incluso saboreaban una sociedad confortable. Ahora ven frustradas sus aspiraciones de una vida con menos dificultades.

A la hora de diseñar las políticas para abordar la contención y salida de la crisis, estas varían en función del diagnóstico realizado y de la correlación de fuerzas existente. Por ejemplo, se habla de combatir el creciente déficit público, pero no se dice que la recaudación impositiva, en términos del PIB, está más de nueve puntos por debajo de la media de la UE y que ello se debe a haber bajado o suprimido impuestos directos; a no combatir el creciente fraude fiscal, realizado en gran medida en unos pocos impuestos; a cargar la recaudación sobre el IVA, con posibilidad de ser eludido por empresarios y profesiones liberales, al repercutir el correspondiente a su propio gasto particular en la actividad y así no pagarlo personalmente...

Falta voluntad política para actuar contra quienes han provocado y se aprovechan de la crisis. Y ello genera en la población una desafección respecto a sus gobernantes. Hace falta una revisión del modelo económico y también de nuestras actitudes sobre un modelo de vida en el que predomina la ostentación, el gasto superfluo, la falta de sensibilidad ante las necesidades de los demás... Buscar la supresión del fraude fiscal, la creación y distribución equitativa del trabajo escaso, unos ingresos suficientes que lleguen a todos los sectores de la población. Solo desde estas condiciones se puede construir una efectiva solidaridad social y política.