UPN restringe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes irregulares
El Gobierno navarro deja fuera de la sanidad pública a los que no tienen papeles, aunque anuncia que sufragará los costes de las tasas sanitarias a los inmigrantes que no alcancen un mínimo de ingresos a través de una ayuda que deberán solicitar. No obstante, ha excluido de las ayudas a los que no puedan probar una residencia superior a un año y a quienes tengan antecedentes o causas pendientes.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
La sanidad universal comienza a resquebrajarse en Nafarroa. Los primeros perjudicados serán los inmigrantes sin regularizar, que se quedan fuera de la sanidad pública a no ser que paguen unas tasas anuales, que serán más altas en Nafarroa que en el resto del Estado. No obstante, el Gobierno navarro anunció que articulará un sistema de ayudas para parte de los «sin papeles» que no puedan abonar estas tasas. Los extranjeros con antecedentes o causas pendientes se quedan fuera de este plan de ayudas y también los que no puedan probar que viven en Nafarroa desde hace más de un año.
Los consejeros de Salud y de Políticas Sociales (Marta Vera y Jesús Pejenaute) confirmaron ayer que, a partir de setiembre, Osasunbidea dejará de atender a todos los enfermos por igual. La traslación de las decisiones que toma el PP en Madrid supone que los inmigrantes sin regularizar dejarán de tener acceso a una sanidad gratuita integral. A partir de ahora, deberán de abonar una tasa anual que en Nafarroa será más alta que en el resto del Estado: los menores de 65 años pagarán 764,46 euros (frente a los 710,4 del resto del Estado) y los mayores de 65 años 2.675,62 (frente a 1.864,8).
Para paliar la gravedad de esta medida, el Departamento de Políticas Sociales articulará una ayuda que sufragará el total de esas tasas a los inmigrantes que tengan un año de residencia, que carezcan de antecedentes y cuyos ingresos sean menores de 532 euros mensuales. Quienes cumplan con estos supuestos deberán solicitar la ayuda en Políticas Sociales. «El departamento está haciendo un enorme esfuerzo, porque consideramos que nadie puede quedar fuera de la sanidad», dijo Pejenaute. El consejero trajo las cifras de los posibles perceptores de esta ayuda, unas 2.150 personas, pero no la de las personas que podrían quedarse fuera. Tampoco hay compromiso de que en 2013 esta ayuda (que, si se concede a los 2.150 supondrá 1,67 millones) se vaya a mantener.
Por otro lado, la redacción de la ayuda puede dar pie a una caza de brujas. La letra pequeña dice que, si el inmigrante tiene una causa pendiente con la justicia la ayuda se le puede denegar o retirar (si es que ya la percibe). En este sentido, abre la puerta a que una denuncia falsa deje sin cobertura sanitaria a una persona, ya que no es necesaria una condena en firme. Pejenaute, defendió el requisito judicial a capa y espada. «La sanidad es para todo el mundo, pero hay que poner un coto a las personas que vienen aquí y delinquen. No hay que admitirlos en nuestra sociedad». Esta ayuda no contempla, por tanto, ni la reinserción ni la presunción de inocencia.
La ayuda no contempla el concepto de reinserción, ya que excluye a todos los que tengan antecedentes. Asimismo, no podrán tener «causas pendientes» por lo que una denuncia falsa puede dejar sin sanidad gratuita a un inmigrante.
La ayuda de Políticas Sociales irá directa a la consejería de Sanidad. Será un trasvase de una partida a otra. Con esta estrategia, se evita el enfrentamiento con el Gobierno español, pero también se consolida el reconocimiento de que no todas las personas tienen los mismos derechos sanitarios.