El despido por las denominadas «causas objetivas», en las que la empresa alega «causas económicas» y que actualmente comporta una indemnización de 20 días por año trabajado, empezó a ganar terreno durante el año pasado, y se ha ido disparado este curso como la fórmula más recurrida para cesar a un trabajador en el Estado español, tras la aprobación de la reforma laboral.

En concreto, la compañía de asesoría jurídica Legálitas expuso en un comunicado que la tendencia empresarial a utilizar el despido por «causas económicas» se ha disparado a lo largo de los primeros meses de 2012, hasta el punto, de que los despidos improcedentes han caído hasta el 15% del total, lo que contrasta con el 88% que se registraba en el año 2009.

La última reforma laboral aprobada por el Gobierno español especifica que las empresas podrán acogerse a despidos objetivos por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

En esta línea, la compañía de asesoramiento legal ha observado que los juzgados son más «favorables» ahora que hace unos años a reconocer las «causas económicas» en los despidos objetivos, una tendencia que se ha invertido definitivamente respecto a la práctica jurídica del pasado.

Incremento de consultas

Por otro lado, los servicios jurídicos de Legálitas explican que las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo del PP para controlar el déficit público, junto a la reforma laboral, han provocado un incremento de consultas «sin precedentes» en materia tributaria y sociolaboral a lo largo del último trimestre de 2012, y especialmente en el pasado mes de julio.

Asimismo, de acuerdo con los últimos acontecimientos, los empleados públicos -en particular, los interinos- y los autónomos son los más preocupados por la repercusión de las reformas legislativas y normativas anunciadas por el Ejecutivo español.