Casi un año después de la desaparición en Córdoba de los niños Ruth y José, de seis y dos años, cuando pasaban el fin de semana con su padre, un informe realizado por el experto médico forense vasco Francisco Etxeberria ha empezado a arrojar luz sobre el drama y abre además un escándalo sonado en el Estado español, por lo que parece un error policial flagrante al que ayer quitó importancia el ministro del Interior.

Todo ello estalló ayer. A petición de la familia materna, que dudaba de la veracidad del primer estudio elaborado por la Policía Científica española, Etxeberria examinó hace un par de meses los restos óseos hallados entre el 10 y 11 de octubre de 2011, dos días después de la desaparición, en una hoguera en la finca cordobesa de Las Quemadillas, propiedad de los abuelos paternos y rastreada hasta en quince ocasiones, incluso con maquinaria especializada en detectar posibles movimientos de tierra o la construcción de un zulo subterráneo.

En un informe fechado el pasado día 17, Etxeberria determinó que aquellos huesos pertenecían a «seres humanos inma- duros» y no a «pequeños animales», como estimó el 11 de noviembre la perito de la Policía Científica que descartó que hubiera allí «huesos procedentes de restos humanos».

Ante la contundencia de las conclusiones de Etxeberria, desacreditando la labor oficial de estos diez meses, la propia Policía se vio obligada a pedir una tercera opinión a José María Bermúdez de Castro, uno de los investigadores de Atapuerca y director de Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, quien el pasado día 22 confirmó que, efectivamente, los restos corresponden a «al menos un niño de 6,22 años» con margen de error de edad de más o menos 43 días.

Otro de los puntos coincidentes entre ambos informes es que la hoguera, dispuesta de tal forma que la convertía en un auténtico horno crematorio y que pudo prolongarse tres horas, alcanzó una temperatura entre los 650 y 800 grados. Al respecto, los peritos indicaron que José Bretón habría construido una especie de horno crematorio valiéndose de una chapa metálica y de ladrillos para conseguir una temperatura de más de 800 grados con el fin de pulverizar los cuerpos de los dos pequeños y borrar huellas. Al parecer, todo ello le pasó desapercibido a la Policía.

«A simple vista»

En declaraciones a «El País», Etxeberria corroboró que los restos almacenados desde octubre son humanos y que «pertenecen a dos niños: uno de entre dos años y otro de seis». Aseguró que «fueron víctimas de una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal». Explicó que basó su informe en el análisis de «cerca de dos centenares de trozos de huesos, algunos del tamaño de una uña, y nueve dientes».

Asimismo, destacó que «a simple vista» se podía comprobar que no eran restos de «pequeños animales», tales como roedores, por «la forma anatómica» de los mismos. Una afirmación que vuelve a poner muy en entredicho la labor policial.

Afirmó igualmente Etxeberria que «los niños fueron quemados a una temperatura de 800 grados por lo que los restos están incinerados y es absolutamente imposible su análisis genético». Por tanto, descartó que se pueda extraer ADN o saber la causa exacta de la muerte.

«La persona que la encendió sabía lo que estaba haciendo. La mayoría de los crímenes relacionados con fuego siempre se descubren porque la gente no sabe quemar bien. Aquí sí», remarcó el especialista en Medicina Legal y subdirector del Instituto Vasco de Criminología.

La dimensión que en pocas horas adquirió el caso motivó la comparecencia de urgencia del ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, que calificó el primer informe de «error científico», avalando la «profesionalidad y muy notable prestigio» de la Policía Científica.

Fernández Díaz exculpó a la perito encargada de examinar los restos, que, según dijo, «actuó de buena voluntad». «Aplicaría la máxima de que el mejor escribano comete un borrón», manifestó. «No se trata de acusar a nadie, sino de aclarar la verdad de los hechos. Cuando un científico hace un informe, lo hace con su buena voluntad», insistió.

Informó también que ayer mismo recibió un nuevo documento de la Comisaría General de Policía Científica en el que, según fuentes del Ministerio, se detallarían los procedimientos de investigación llevados a cabo durante el primer informe.

De manera significativa, en la sala en la que compareció el ministro no había ningún representante de la Comisaría General de Policía Científica, pese a que sí estaban el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el director Adjunto Operativo, Eugenio Pino; y el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía (UDEV), Serafín Castro,

Pese al respaldo de Fernández Díaz, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que pidió cautela a la espera de las nuevas diligencias ordenadas por el juez instructor, reconoció que «si se confirman, la Policía quedaría en muy mal lugar».

Se da la circunstancia de que cinco días después de la desaparición, el 13 de octubre, fue relevado al frente de las investigaciones el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, Manuel Piedrabuena, quien había dirigido la investigación en torno a la desaparición de Marta del Castillo.