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Maite SOROA | msoroa@gara.net
Discrepancias cavernarias
La prensa de extremo centro aparecía ayer dividida en dos bandos, el de quienes apoyan al Gobierno español y el de quienes lo cuestionan por su actuación en torno a la situación de Iosu Uribetxebarria.
«La Razón» hablaba de «la polémica excarcelación de Bolinaga», pero en unos de sus «puntazos» editoriales afirmaba que la decisión del juez «de concederle al terrorista Bolinaga la libertad condicional debe ser acatada» y, respecto a la posibilidad de recurso de la Fiscalía, decía que «lo razonable tras el auto del juez es que desistiera».
«Abc», titulaba su editorial «Excarcelación incomprensible», destacaba que el juez «desoye los informes del fiscal y de la forense de la Audiencia Nacional», si bien en el interior reconocía que el juez «supera las contradicciones entre los médicos: coinciden en que no tiene cura». Eso sí, llevaba varios días machacando con que su enfermedad no era «terminal».
En la tarde del jueves, Pedro J. escribía en su Twitter cuando el auto sobre la libertad de Uribetxebarria era inminente: «Está a punto de salir la resolución del juez de cabecera sobre Bolinaga y me temo lo peor». Y cuando salió la resolución, «Lo peor se ha consumado». Ayer en su editorial, «El Mundo» empezaba a preparar el recurso del fiscal: «Castro sostiene que un último informe médico demuestra que Bolinaga está más enfermo de lo que sostenía la forense de la Audiencia. No hay duda de que el juez hablaría de ello personalmente con los médicos, preso el citado informe no se le trasladó a la forense. Es una actuación discutible que puede ser una de las bazas del recurso del fiscal». En información interior insistía en que el juez central de Vigilancia Penitenciaria «desoye el criterio de la Fiscalía». Ya, y el de Pedro J. El principal argumento de la Fiscalía era que Uribetxebarria no se encuentra en situación terminal, pero resulta que, como dice el juez, no es preciso que lo esté para concederle la libertad. Es lo que llevaba al escriba pedrojotero a cargar contra el Gobierno español: «Al margen de que la interpretación de la legalidad que hace Castro pueda resultar discutible, hay que advertir que este auto no habría sido posible si el Gobierno no le hubiera clasificado en tercer grado». Claro, solo tenía que haber seguido las instrucciones de Pedro J.