La Fiscalía sudafricana dio ayer marcha atrás, al menos momentáneamente, al retirar los cargos de «asesinato» que había imputado el viernes a los 270 mineros en huelga detenidos durante el conflicto en la mina de platino de Lonmin, en Marikana, por la muerte, por disparos de la Policía, de 34 compañeros, una masacre que conmovió a todo el país.

El director nacional de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, afirmó en rueda de prensa en Pretoria que los cargos de «asesinato» solo serían presentados una vez que haya avanzado la investigación.

Los 270 mineros, en huelga en demanda de mejoras salariales, fueron acusados en base a una ley del régimen del apartheid que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan.

La decisión del Ministerio Fiscal causó un gran estupor en Sudáfrica por la aplicación de la doctrina del «propósito común», que durante el apartheid se empleó para perseguir y detener sistemáticamente a los ciudadanos que se enfrentaban al Gobierno reclamando democracia e igualdad racial.

La acusación llevó incluso al ministro de Justicia de Sudáfrica, Joseph Radebe, a pedir explicaciones a la Fiscalía sobre el fundamento de los cargos.

En una carta remitida al Gobierno sudafricano, los abogados de los 270 detenidos pidieron la intervención del presidente sudafricano, Jacob Zuma, y la puesta en libertad inmediata de los acusados. «Si Zuma no actúa, iremos a los juzgados para obtener una orden urgente que le obligue a ello», advirtieron los letrados, que dieron de plazo hasta las 12.00 GMT de ayer (14.00 en Euskal Herria) para que el jefe del Estado intercediera en el asunto.

En un comunicado, Zuma aseguró el sábado que no interferiría en el desarrollo del juicio, e insistió en la independencia de los tribunales y del Ministerio Fiscal.

«La decisión sobre los cargos solo será tomada una vez concluya la investigación» a cargo de la comisión judicial constituida por el Gobierno, afirmó Jiba, que negó presiones del Ejecutivo y defendió la labor de los fiscales, que actuaron según «fundamentos jurídicos que son parte de nuestra legislación desde hace décadas, pero que siguen siendo relevantes y aplicables en nuestro sistema democrático».

Los 270 mineros serán puestos en libertad bajo fianza a partir de hoy y el jueves se reanuda la vista sobre el caso. 259 mineros fueron detenidos después de que la Policía disparara el 16 de agosto contra un grupo de huelguistas que, según el Gobierno, portaban machetes, palos, y armas de fuego. Otros 11 que resultaron heridos fueron arrestados en el hospital.