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CRISIS ECONÓMICA E INSTITUCIONAL EN NAFARROA

Tras los recortes, Barcina amenaza la principal «ventanilla» para las quejas

Solo la número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha hecho lo que Yolanda Barcina plantea ahora en Nafarroa: eliminar la institución del Defensor del Pueblo. La excusa de la crisis resulta más retorcida aún en este caso, porque precisamente el Defensor se ha convertido en la principal ventanilla de quejas contra los recortes del Gobierno de UPN en sanidad o políticas sociales.

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R.S. | IRUÑEA

De modo sorprendente, sin previo aviso a la institución afectada y, lo que aún es más extraño, sin contar con el apoyo político preciso para reformar el Amejoramiento, el lunes la presidenta navarra, Yolanda Barcina, lanzó la idea de suprimir temporalmente la institución del Defensor del Pueblo de Nafarroa. Alega la necesidad de ahorrar gasto público (unos 300.000 euros al año) y, rizando el rizo, la de «ser más eficientes». Precisamente, el logro de la eficiencia de la Administración es una de las principales consecuencias de la labor del Defensor, al trasladarle recomendaciones derivadas de las preocupaciones ciudadanas.

La propuesta se produce en un momento en que, según confirman desde esta institución creada en Nafarroa en 2001, las quejas relativas a los recortes sociales han crecido de modo relevante. En su última visita al Parlamento en mayo, el Defensor, Francisco Javier Enériz, ya puso de manifiesto que habían aumentado las quejas y consultas relativas a las prestaciones sociales públicas, muchas de ellas derivadas de la polémica reforma de la renta básica que restringió los requisitos de acceso. También destacaban las provocadas por mermas en ayudas a la dependencia, otra cuestión que ha provocado movilizaciones importantes en Nafarroa.

En total, en 2011 el Defensor realizó 2.317 actuaciones, de las que emanaron 691 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales. El número de personas que presentaron quejas o se encontraban detrás de ellas superó las 11.000. El procedimiento es muy accesible, se pueden tramitar incluso por Internet a través de un formulario incluido en la web de la institución. Todo ello sitúa a este Defensor del Pueblo como una enorme «ventanilla» de quejas y arroja luz sobre el deseo de Barcina de cerrarla.

Casos desatendidos

Hasta el momento el Defensor se había mostrado moderadamente satisfecho por la colaboración del Gobierno navarro con su trabajo (en realidad todas las administraciones están obligadas por ley a colaborar). El porcentaje de «no aceptación» de sus sugerencias «sin haberlo justificado» se situó el año pasado en el 21,6%.

Es interesante ver cuáles fueron concretamente las iniciativas que la Administración navarra despreció. Catorce casos correspondían a Osasunbidea, entre ellos estos: «No le priorizan su condición de minusválida en un llamamiento para la contratación temporal», «Negativa a prestar tratamiento sanitario a un menor de edad de nacionalidad extranjera que disfruta de estancias temporales en verano», «Insuficiencia de ayudas para afrontar la enfermedad de una niña de cuatro años, derivada a un centro sanitario de otra comunidad para recibir asistencia», «No le llaman a tratamiento de fertilidad», «Tardanza en incluirle en lista de espera para tratamiento de fecundación `in vitro'», «Denegación de atención bucodental a un paciente con síndrome de Marfan» y «Denegación de la financiación de gastos farmacéuticos con recetas emitidas en otras comunidades».

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ
DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAFARROA

El titular de la institución desde 2007, Francisco Javier Enériz, tiene una amplísima trayectoria en la Administración navarra en distintos departamentos de los gobiernos de Juan Cruz Alli (CDN), Javier Otano (PSN) y Miguel Sanz (UPN), en un periplo en el que llegó al rango de director general. Hace cinco años, fuen propuesto para este cargo por CDN y avalado por UPN. Es el segundo Defensor del Pueblo de Nafarroa tras María Jesús Aranda, que ejerció desde su creación en 2001 hasta 2007.

Ramón SOLA | IRUÑEA

¿Había tenido comunicación previa de la idea de suprimir el Defensor del Pueblo?

Me enteré por la prensa, pero luego sí recibí una llamada de la presidenta en la que se me dijo que era una propuesta más al objeto de que se debatiese en el Parlamento. Habrá que ver la letra pequeña de todo eso, la partitura, la música... Pero bueno, sí fue una sorpresa. Además, eliminar una figura que existe en el Amejoramiento es muy difícil, hace falta una mayoría que no sé si se tiene hoy, y se necesita tiempo para hacerlo. También está claro que de los seis grupos parlamentarios cuatro están en contra. Estoy tranquilo.

¿La simple idea no provoca ya un daño a la institución al introducir un debate sobre si es sostenible o no?

Sí, hay una afección en la medida en que el primer partido del Parlamento propone la eliminación. Por eso el Defensor no queda deslegitimado, pero queda tocado su reconocimiento.

Dado que la supresión es inviable porque UPN no cuenta con mayoría, ¿el objetivo final no será recortarles presupuesto?

No, porque es un órgano del Parlamento, no del Gobierno. Hasta ahí no llega la mano de la Administración. Y es lógico que así sea, porque en caso contrario se estaría debilitando su función como órgano de control de la Administración.

Parece claro que ahí está el quid de la cuestión... ¿Quiere evitar el control el Gobierno?

Probablemente sí. Pero es algo inevitable. Que un Defensor del Pueblo haga bien su función requiere que sea molesto con las administraciones públicas. No me lo tomo como un reproche, sino como un halago. Luego cada uno puede ser más o menos quisquilloso, pero molesto tiene que ser siempre. El Defensor del Pueblo dice cosas que molestan, corrige actitudes, pide que se revise la legalidad de actuaciones... sopla en el cogote de la Administración. Y eso molesta. Está claro que por si por una administración fuera, eliminaría todos los órganos de control: los interventores, el Defensor, la Cámara de Comptos... Pero qué le vamos a hacer; el control del poder lo inventó la democracia.

Supongamos que se suprime. ¿Adónde se podrían canalizar estas quejas ciudadanas, qué sustituto tienen?

Volveríamos a lo de antes, que era mandar las quejas al Defensor del Pueblo de España. La nuestra es una institución muy diferente, porque está cerca, conoce todos los problemas de las administraciones de aquí y tiene un componente personal que importa mucho. También tenemos una función de asesoramiento al ciudadano en la defensa de sus derechos, que es algo de lo que carece la institución estatal. Consideramos que sustituimos a las habituales comisiones de peticiones de los parlamentos, que aquí casi no reciben quejas. Y ejercemos como ente de mediación en conflictos... de ahí viene el término en euskara, Ararteko. En suma, aportamos cercanía e inmediatez, y eso es insustituible.

También me gustaría destacar que el Defensor hace la función de válvula entre los ciudadanos y la Administración. ¿Qué ha- rían en caso contrario los ciudadanos que tienen problemas?, ¿ir a los tribunales para que les contesten tres años después y gastando dinero y acumulando sinsabores? Eso no funciona, porque la Justicia habitualmente es para quien tiene dinero.

Y otra cosa: muchas veces nos toca también explicar a quienes acuden al Defensor que su petición es excesiva, que no tienen razón. Esta es otra función de esta institución.

Por otro lado, si empezamos a hablar del coste de las administraciones públicas, no acabaríamos. Creo que esta es una de las más baratas.

¿Cómo ha impactado la crisis y los recortes en las quejas que les llegan?

Estamos en setiembre y llevamos ya más quejas que en todo el año anterior, más de 700. Muchas son relativas a la paga extra. Pensamos que se producirán muchas por la subida del IVA. El cambio en la renta básica también ha deparado muchas quejas de gente que ha dejado de percibirla y hemos recomendado que hace falta una sobrerrenta básica. Sí, es cierto. Uno coge las quejas de 2008 y las de ahora son diferentes, son de un carácter más social.

Es público y notorio que habitualmente reciben a familiares de detenidos y de presos. ¿Este puede ser otro motivo de fricción con el Gobierno navarro?

No. Las quejas han sido más bien de esos familiares, que pedían por ejemplo que interviniésemos cuando la Guardia Civil estaba haciendo una intervención al amparo de la «ley antiterrorista». Legalmente, yo ahí no puedo intervenir; cuando puedo, sí lo hago. Nadie más se ha quejado por esto. Hace poco hicimos gestiones ante la Defensora del Pueblo del Estado por catorce presos que tienen enfermedades graves. Lo hacemos le moleste a quien le moleste, y creemos que es el camino más sencillo.

GUIÑO AL PP

La propuesta de Barcina es también un guiño al PP, que lanzó esta idea con anterioridad. Su líder en Nafarroa, Enrique Martín, la ha dado por «bienvenida», pero ha recordado a UPN que cuando ellos lo propusieron no tuvieron respuesta.

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