Solo la sangrienta acción de un enajenado o unionista -o ambas cosas, racionalmente compatibles- ha soliviantado la tranquilidad con la que Quebec ha decidido dotarse de un gobierno soberanista.

Nueve años después -nueve años y una sucesión de errores del Gobierno liberal-, los independentistas del Parti Québécois vuelven a vencer, siquiera por la mínima pero de forma clara, en unas elecciones legislativas.

Cierto es que su triunfo ha tenido mucho que ver el hartazgo de buena parte del electorado respecto al Ejecutivo unionista saliente. Un Gobierno que, encabezado por el liberal Jean Charest -el «Capitán América» en versión canadiense- se ha visto enfangado en denuncias de corrupción y en un pulso con el movimiento estudiantil en el que se enrocó defendiendo una subida de las tasas universitarias del 80% y prohibiendo, por decreto, el derecho a la libertad de manifestación.

Circunstancias, todas estas, que lejos de desvirtuar el triunfo de los soberanistas, le otorgan su verdadera dimensión. Porque los independentistas no son ajenos -ni deben serlo- a ninguna de las problemáticas que aquejan a la sociedad a la que aspiran a liberar.

La nueva primera ministra, Pauline Marois, ya ha anunciado que derogará la legislación de excepción y los recortes universitarios. Y, en campaña, prometió un nuevo y tercer referéndum.

En sus manos está decidir la fecha. Porque uno convoca un referéndum cuando cree tener grandes posibilidades de no perderlo. Y lo convoca si lo ha prometido. Porque las promesas electorales están para cumplirlas. Sea uno independentista o unionista.