El Estado francés se apretará el cinturón en 30.000 millones
El presidente francés, François Hollande, anunció ayer un plan para la «recuperación económica» mediante el ahorro de 30.000 millones de euros, de los que un tercio se aplicará en los gastos de educación, seguridad y justicia. Otro tercio provendrá de los impuestos y el último, de aportaciones suplementarias de las empresas. Remarcó que la idea de imponer un impuesto del 75% a las grandes fortunas sigue vigente.
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El presidente francés compareció anoche en el telediario de las 20.00 del canal TF-1, en horario de máxima audiencia, para explicar los detalles de su plan de ahorro, después de que fuera criticado por la falta de concreción de sus reformas. De hecho, era su primera entrevista televisada desde el 14 de julio.
François Hollande se fijó un plazo de dos años para lograr la recuperación económica. «Tengo como misión la recuperación del país. Voy a establecer una agenda de recuperación, en dos años, en el empleo y las cuentas públicas», manifestó el presidente, para confirmar a continuación que el Estado deberá encontrar para ello la manera de ahorrar 30.000 millones de euros: «Habrá que encontrarlos», declaró.
El jefe del Estado precisó que su Gobierno aplicará recortes por valor de 10.000 millones de euros en gastos en educación, seguridad y justicia, mientras otros 10.000 millones de euros deberán proceder de la contribución de los hogares franceses, mientras que los demás, otros 10.000 millones, vendrán de aportaciones suplementarias de las empresas del país.
Asimismo, el presidente francés anunció, en referencia a una de las medidas principales de la campaña electoral que le llevó a la jefatura del Estado, la imposición de las mayores rentas, las superiores al millón de euros.
«La medida del 75% (de imposición máxima sobre las rentas superiores a esa cantidad) no está en entredicho, los que han querido ir por ahí lo hacen por cuenta propia», dijo el presidente después de que en los últimos días circularan informaciones de prensa en las que se mencionaba una marcha atrás del Gobierno en esta medida.
Aseguró además que no habrá excepciones a la aplicación de esa medida y que afectará en torno a 2.000-3.000 personas.
En este sentido, Hollande consideró como una «provocación» el anuncio del presidente del grupo de empresas del lujo LVMH y mayor fortuna de Francia, Bernard Arnault, de que solicitará la nacionalidad belga, aunque mantendrá la francesa.
«Se esperaba», dijo Hollande respecto a ese anuncio sorpresa, que ayer el rico empresario confirmó, aunque dijo que seguirá cumpliendo con sus obligaciones fiscales en el Estado francés.
Reforma laboral
El jefe del Estado reconoció que en el Estado francés hay «inquietud» por el aumento del paro, pero se defendió al decir que no es posible arreglar todo en los poco más de cuatro meses que lleva en el cargo.
«No puedo hacer en cuatro meses lo que mi predecesor no hizo en cinco años», declaró además en alusión al conservador Nicolas Sarkozy, al que Hollande venció en los comicios celebrados en abril y mayo pasados.
Hollande adelantó que será necesaria una «reforma del mercado de trabajo, para que sea más flexible y al mismo tiempo más protector», en alusión a la situación de desempleo que registra el país, que ya tiene más de tres millones de parados, por encima del 10% de la población activa.
Hollande dijo además que las cuentas públicas de 2013, sometidas a la exigencia de reducir el déficit hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) se harán con una previsión de crecimiento económico de en torno al 0,8%.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, instó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy a «decir la verdad» a la sociedad y aclarar si va a pedir el «rescate» y recomendó que, en caso de solicitarlo, se haga «cuanto antes».
En declaraciones a los periodistas en Donostia, Urkullu, candidato a lehendakari por el PNV, señaló que la opción del rescate «no es la panacea», como lo están demostrando Grecia o Portugal, pero el Estado español «debe devolver para finales de diciembre más de 30.000 millones euros» por lo que el debate, dijo, es si se formaliza el rescate, y «no cuánto antes o cuánto después» se lleva a cabo.
«Ni el BCE ni los mecanismos de estabilidad prestan dinero sin ninguna condición», dijo, por lo que, en todo caso, el presidente del Gobierno, debe «decir la verdad a la sociedad española».
Asimismo, advirtió que «no es bueno» subordinar la decisión sobre la petición de ayuda a la UE a «hipotéticos resultados electorales» de Galicia o la CAV porque la sociedad «no está para esperar los juegos `tacticistas' del Gobierno».
En caso de que se descarte la opción, Urkullu pidió que exista la posibilidad de alcanzar un «acuerdo económico e institucional» que, agregó, el PNV ha reclamado al Ejecutivo.
Al rescate español se refirió también ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, para asegurar que Madrid no tendrá que cumplir condiciones adicionales si decide finalmente pedirlo, aunque añadió que tras la solicitud se elaborará un memorándum en el que se incluirían «objetivos muy específicos».
Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, manifestó ayer su interés por participar en calidad de supervisor y consultor en el programa de compra de bonos soberanos del BCE. GARA
La delegación conjunta de inspectores del BCE, el FMI y la UE -conocida como «troika»- que está visitando Atenas puso ayer objeciones al nuevo plan de austeridad de 12.000 millones de euros que prepara el Gobierno griego, y solicitó a Atenas información adicional sobre determinados aspectos de esta propuesta.
La «troika» todavía no está dispuesta a aceptar determinados aspectos del plan, como los referidos a las medidas para combatir la evasión fiscal. «Primero tenemos que demostrar que podemos ser eficaces a través de un incremento gradual de los ingresos», dijo un portavoz del Ministerio de Economía. GARA
