Hace poco he tenido noticias del abogado de mi hijo. A mi hijo le van a juzgar en la Audiencia Nacional en Madrid, en un juicio que se celebrara del 18 de septiembre al 28 del mismo mes. En el sumario le acusan, al igual que a otros nueve jóvenes de Hernani, de integración en banda armada (Segi).

Una vez más, como cada vez que he tenido noticias del proceso a lo largo de estos tres últimos años, siento un vacío intenso en el estomago y mi respiración se detiene. El miedo paraliza mis cinco sentidos y se activa uno nuevo donde solo tienen cabida el silencio, las emociones vividas entonces y el recuerdo de los sucesos que iniciaron este calvario. Una docena de policías armados invadieron mi casa a las dos y veinte de la madrugada de un 31 de marzo por orden del juez Baltasar Garzón, me pusieron una pistola en la frente y tras tres horas de rebuscar en la intimidad de mi casa, se llevaron a mi hijo esposado.

Ahora, me asalta el recuerdo de la angustia vivida durante los cinco días de incomunicación, la actividad febril para recabar información y solicitar ayuda (Ayuntamiento, Ararteko, medios de comunicación, abogados, amigos, manifestaciones...), el viaje a la Audiencia Nacional en Madrid, la vuelta a casa con mi hijo, con nueve kilos de peso menos y tras una visita al Hospital Gregorio Marañón por deshidratación, conmocionado todavía y ausente, con la mirada puesta en el infinito y en el recuerdo de sus compañeros encarcelados. Me llena de orgullo la responsabilidad, entereza y valentía que demostró mi hijo cuando tomó la decisión de denunciar en una rueda de prensa en el Hotel San Sebastián a la mañana siguiente las torturas padecidas y enviar un abrazo a sus compañeros encarcelados.

Me conmueve recordar las llamadas de amigos ofreciendo dinero para pagar la fianza impuesta por el juez Garzón para la libertad condicional de Iñigo, las muestras de cariño de gente que se acercaba para mostrarme su solidaridad, las manifestaciones que se realizaron en Hernani durante esos días de incomunicación con mi hijo.

Han pasado tres años y la pesadilla no ha acabado. Sabía, al igual que mis compañeros de fatigas, padres del resto de detenidos en esa razia, que el momento de este juicio iba a llegar, pero confiaba, asimismo, en que la razón asomara, si no por la determinación de los jueces, sí por la lógica de los nuevos tiempos políticos en Euskal Herria. Cuanto más tarde sea el juicio, mejor, nos decíamos unos a otros. Cuando los partidos políticos de ámbito estatal y el PNV están cambiando poco a poco su discurso acerca de los pasos para resolver el conflicto en Euskal Herria. Cuando Oyarzábal, secretario general del PP vasco, ha afirmado que la dispersión no tiene fundamento ahora, y Odón Elorza, por otra parte, ha dicho que el gran obstáculo para acelerar la normalización política va a ser la Audiencia Nacional, la opinión pública española está apareciendo como el mayor obstáculo para avanzar.

Desde hace más de 30 años, con la puesta en marcha del Plan ZEN; la instauración del fondo de reptiles para los medios de comunicación y periodistas; la colaboración del PNV en los planes de dispersión de los gobiernos españoles; el error de mantener la lucha armada como herramienta para la consecución de objetivos políticos; han generado en la opinión pública española la idea de que lo que les ocurra a los vascos tiene carácter de excepcionalidad y que las medidas que se tomen (prohibición de manifestaciones, cierre de periódicos y radios, ilegalización de partidos políticos y asociaciones, ocultación de la tortura y la guerra sucia), a pesar de que se aplican de manera generalizada y arbitraria, y atentan contra los derechos humanos y políticos de los vascos, quedan justificadas por el fin que persiguen. La opinión pública española ha despersonalizado el conflicto. Detrás de este no hay personas, hay siglas.

Los sentimientos de odio prevalecen sobre los análisis críticos de la situación actual y a las matizaciones que son necesarias para no dejarse llevar por el deseo de venganza. Esta actitud responde, sin duda, a un reduccionismo o pereza intelectual y emocional, alimentada por la estrategia de guerra del Ministerio de Interior.

Ahora, esta opinión publica española, embrutecida por años de manipulación de los distintos gobiernos y los medios de comunicación, se convierte en el mayor obstáculo para la rehabilitación de los derechos humanos y la recuperación de la normalización política en Euskal Herria.

Pero no solo he encontrado incomprensión en España. En Hernani, en mi pueblo, también hay personas que opinan que lo que le ocurre a mi hijo y sus compañeros, se lo han merecido. Incluso he llegado a escuchar que han tenido suerte, pues nadie sabe dónde podían haber acabado. La desinformación o la mala fe aparecen en todos los sitios sin distinción.

Se va a cometer una enorme injusticia, se va a provocar, una vez más, un dolor injustificable. No se va arreglar nada con este juicio. No creo que debamos esperar mientras juzgan a diez jóvenes por comprometerse con su pueblo y pretender un mundo mejor. Es necesario alzar la voz a fin de detener este juicio y los de otros 75 jóvenes que están a la espera del suyo. Estos juicios nos degradan a todos, a gobiernos, partidos políticos, jueces, medios de comunicación, víctimas del conflicto, y en especial a esa opinión pública adormecida y anestesiada ante el sufrimiento.