La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la concesión de la libertad condicional a Iosu Uribetxebarria, poniendo fin a una situación que se ha alargado mucho más de lo humanamente admisible y lo socialmente soportable. Imposible decir que la decisión hace justicia, porque el arrasatearra debía haber quedado libre hace años en virtud de la propia legislación española, pero fue recibida con alivio por sus allegados y por el conjunto de la sociedad vasca, que asistía alarmada al empecinamiento de quienes querían mantenerlo cautivo.

De hecho, ayer mismo la Fiscalía insistía en su oposición a concederle la libertad, con el argumento, basado en el informe de la forense, de que el preso no se halla en «riesgo inminente de muerte». Estas palabras muestran un grado de inhumanidad inaudito, que excede incluso la crueldad habitual a la que los poderes del Estado español tienen acostumbrado a este país.

Fiscalía y forense, jaleados por los sectores más cerriles del espacio político y mediático español, han mantenido una actitud que solo puede explicarse en el odio y el ansia de venganza, ánimo que choca con las declaraciones realizadas por el portavoz de Herrira Jon Garai, quien recordó que en este caso nadie ha ganado, sino que todas las partes han perdido llevando la situación al límite. Porque si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que las posiciones numantinas no favorecen a nadie, tampoco a un Estado que podía haber solucionado mucho antes un problema que ha acabado volviéndose en su contra. Ya va siendo hora de que todas las partes hagan una apuesta en positivo, en la que nadie pierda y todos ganen, y esta pasa, en primer lugar, por el respeto de los derechos humanos, que se siguen vulnerando sistemáticamente en las cárceles. Es momento de que Uribetxebarria pueda afrontar en paz y con la dignidad que exigía la lucha contra su grave enfermedad, y que el resto extraiga las conclusiones necesarias para que lo ocurrido no vuelva a repetirse.