Habrá dinero para garantizar a corto plazo la liquidez de Madrid y Roma si los gobiernos español e italiano piden a Bruselas ser rescatados. Esto es el efecto más inmediato de la decisión que la Corte Constitucional Federal tomó este miércoles. Es decir, a corto plazo no habrá que temer la bancarrota de los dos estados que podría traer consigo el derrumbe de unos tantos bancos, entre ellos aquellos alemanes que tienen invertidos unos 120 mil millones de euros tan solo en el Estado español. Con su sí condicionado al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), los máximos jueces alemanes han dado algo que todos los políticos europeos están dispuestos a comprar por el precio que sea: el tiempo que quizás pueda ayudar a encontrar una solución a «la crisis». De ahí se explica la euforia que se extendió ayer entre políticos y brokers cuando se llegó a conocer la decisión del Constitucional de abrir el camino a que Alemania ratifique el Pacto Fiscal y el MEDE.

«Es un buen día para Alemania y es un buen día para Europa» se alegró la canciller Angela Merkel en el pleno del Parlamento alemán cuando los diputados debatieron sobre el presupuesto del Estado. Su ministro de Asuntos Exteriores, el liberal Guido Westerwelle, consideró la decisión de los máximos jueces como «una decisión sabia en el sentido proeuropeo de nuestra constitución». «Sigue nuestro trabajo para el euro y Europa», añadió. La cuestión es en qué Europa está pensando el gobierno de Merkel. Su correligionario cristianodemócrata Wolfgang Bosbach teme que la añorada «unión monetaria» se ha convertido en una «unión de transferencias» en la que se socializan las deudas. He aquí el punto donde se chocan dos importantes corrientes de economistas. Unos dicen que Alemania tiene que asumir parte de las deudas de otros países si quiere seguir creciendo económicamente. Otros opinan lo contrario, poniendo en duda la actual política de recapitalizar ante todo a los bancos en vez de utilizar el dinero para crear empleo.

No obstante, el presidente de la Corte Constitucional, Andreas Vosskuhle, y sus siete colegas no deberían determinar sobre la política económica y financiera a seguir, sino sobre si el Parlamento alemán había perdido su capacidad de diseñar y controlar el presupuesto de Estado o no. Aunque el jefe de los máximos jueces subrayó que la decisión es solamente «provisional», sí abre el paso para que el presidente de la República, Joachim Gauck, ratifique ambas leyes, firmándolas. El representante del Estado alemán se ha reservado el derecho a estudiar primero la decisión de Karlsruhe antes de poner su firma.

Tercera condición

Los medios de comunicación se han centrado solo en dos condiciones que Vosskuhle ha mencionado, aunque son tres. Los magistrados obligan a Berlín a que a base de pactos internacionales garantice primero que las obligaciones de Alemania frente al MEDE no superen los 190 mil millones de euros. Y que, segundo, esta suma no sea ampliada sin el consentimiento del gobernador y del Parlamento. El portavoz del grupo parlamentario del partido socialista Die Linke (La Izquierda), Gregor Gysi, señaló que «hay una tercera condición: si no se cumplen las condiciones impuestas, las leyes pierden vigor».

Como último Vosskuhle aclaró que la decisión del Banco Central Europeo de comprar sin límite alguno bonos de los estados endeudados será tratada en el juicio que sigue en curso.

Según una reciente encuesta, más del 50% de los alemanes está en contra del MEDE y de la actual política del BCE. Muchos de ellos habían confiado en que la Corte Constitucional iba a fallar tal y como ellos piensan. La propia institución se había creado esta imagen de fuerza cuando sentenció a principios de los 90 en favor de la moneda única y en contra de los euroescépticos. «Se acaba de enterrar a Alemania con el beneplácito del Tribunal Constitucional Federal», sentencia una lectora en la página web del influyente diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung. La decisión de Karlsruhe es un golpe a las políticamente importantes clases media y alta que hasta ahora han pensado que al menos el máximo tribunal iba a velar por el valor de su patrimonio. No es así. Una vez más la crisis demuestra que el capital y su élite política ignoran la democracia.