El C�digo Penal espa�ol es el m�s duro de Europa, y de ello se han jactado muchas veces en Madrid. Probablemente, es necesario ir hasta Turqu�a para encontrar un marco legal tan severo. Sin embargo, el PP ha querido dar un golpe de efecto al incluir la �prisi�n permanente revisable� para los casos relacionados con organizaciones armadas o que sean considerados �de especial gravedad�. En estos supuestos, las condenas ser�an revisadas a los 25 o 35 a�os, aunque la actual legislaci�n ya incluye los 40 a�os de cumplimiento �ntegro tras la �ltima reforma, algo impensable en cualquier otro estado de la UE, donde aun en los casos en los que existe la cadena perpetua, en la pr�ctica pocas veces se superan los 20 a�os de c�rcel. A efectos pr�cticos, y en lo que se refiere a este pa�s, la reforma del PP tiene mucho de propaganda.

Donde s� se ve un claro endurecimiento y se intuye un intento de trasladar al conjunto del Estado el �nimo represivo que ha guiado a la Justicia espa�ola en Euskal Herria es en la inclusi�n de penas m�s duras por casos de �desobediencia o resistencia a la autoridad�. Se trata de una vuelta de tuerca que busca cercenar la libertad de expresi�n, en un momento en el que las protestas contra la gesti�n de la crisis y contra los recortes en servicios p�blicos universales se multiplican.

Con todo, en un contexto en el que ETA ha cerrado definitivamente su actividad armada, el Gabinete de Mariano Rajoy busca esencialmente saciar el sentimiento de venganza que anida en un importante sector de la sociedad espa�ola. Pero, al mismo tiempo, se revela como un gobierno profundamente reaccionario, diametralmente opuesto al modelo que rige, por ejemplo, en Noruega, que ha dado una lecci�n de civismo y madurez tras la matanza de Utoya. Para los mandatarios espa�oles sus hom�logos noruegos probablemente son d�biles, timoratos y pusil�nimes; sin embargo, ante el mundo son ellos los que representan a un estado cruel, rencoroso y carcomido por el odio.