Desde que comenzó la crisis nos resulta interminable la lista de reformas y de recortes. Es imposible realizar una valoración y hacer una mención de todas las medidas que nos han impuesto. Lo que está claro es que están cambiando tanto los modelos económico y sociales como el modelo territorial. Nos están imponiendo un modelo capitalista más duro, si cabe, y sus costes sociales son enormes. Por otra parte, también están suprimiendo los limitados poderes de decisión que teníamos en Euskal Herria. El Estado español ha decidido que es hora de finiquitar el modelo autonómico y, por medio de decretos y leyes orgánicas, está llevando a cabo un proceso de centralización y de uniformización.

Todas estas medidas tienen como objetivo la imposición de una dictadura económica. Lo que en estos momentos está en juego es si también en Euskal Herria se impone o no dicha dictadura. Las reformas van a condicionar nuestro futuro como pueblo y como personas trabajadoras; nos jugamos si se aplican Euskal Herria o, por el contrario, comenzamos a recorrer un camino propio. Como en 1978, estamos viviendo momentos decisivos, están produciéndose y se van a producir cambios profundos, pero la cuestión es en qué dirección se van a llevar a cabo: tenemos dos opciones, o por parte del estado y del autonomismo se repite el fraude del 78 y la jugada para garantizar los intereses de la élite económica, o se emprende el camino de la soberanía.

En julio, cuando hicimos el llamamiento de huelga para el 26 de septiembre, lo hacíamos en el contexto del rescate del sistema financiero y el «Real Decreto Ley sobre las medidas para el impulso de la estabilidad».

Para el rescate de la banca decidieron desviar 100.000 millones de euros de los fondos públicos; no es la primera vez. De esta forma hay menos dinero, o no lo hay, para impulsar el crecimiento económico, para tener un sector público fuerte, para hacer políticas de creación de empleo o para el desarrollo de servicios públicos. De ahí a un mes escaso, ha llegado el Decreto para cambiar el modelo de Estado: se ataca al derecho que tiene el colectivo de personas paradas a la protección social, suben el IVA, dejan sin protección a las personas trabajadoras dependientes y quitan la paga de Navidades a las personas que trabajan en el sector público. Mención especial merece la situación de las personas paradas. En un contexto de precariedad y temporalidad galopante, en Hego Euskal Herria 208.774 personas, además de sufrir la negación de su derecho a un empleo, están sufriendo la degradación sistemática de la cobertura del desempleo.

No hay atisbo de que la situación vaya a mejorar, al contrario. Se han puesto en marcha nuevas agresiones. Durante años se ha dejado hacer a la banca todo lo que quiere y quieren que con la creación del banco malo, las consecuencias de los «activos tóxicos» acumulados y basados en la especulación, las paguemos entre todos y todas. Por otra parte, están acordando los términos del rescate o intervención. En el Estado español se están gestando nuevos ataques y en el Estado francés van por el mismo camino; ya han anunciado que van a hacer recortes para cumplir con el déficit, reduciendo el gasto público y reformando el mercado laboral. Se toma la decisión política de proteger a la banca mientras se condena a la sociedad al paro y a la pobreza.

Saben que en Euskal Herria, porque lo hemos dejado claro mediante cuatro huelgas generales y muchas movilizaciones, no estamos dispuestos a aceptarlo; de reforma en reforma nos arrebatan los medios, para que cada vez nos resulte mas difícil defender nuestros derechos. Han dejado en nada el derecho a la negociación colectiva, totalmente necesario para la defensa de los salarios de las personas trabajadoras y las condiciones laborales. Han llevado a Madrid los espacios de negociación, han dado a la administración y a la patronal la oportunidad de no cumplir, de manera unilateral, lo pactado.

¿Qué es todo esto sino una dictadura económica? El modelo que están imponiendo solo favorece a una pequeña élite, no lo hacen para beneficiar a la economía y para su crecimiento, aunque así lo quieran hacer creer.

Es mentira que con un modelo de relaciones laborales desregulado o con un sector público débil se garantice un crecimiento económico. Durante los últimos años han realizado varios recortes, todos en dicha dirección, y el paro sigue aumentando, no hay crecimiento económico, las desigualdades sociales aumentan, hay mayor pobreza, etc.

Esto tiene alternativa, la construcción de otro modelo social y económico: que reduzca las desigualdades, que van en aumento, entre personas ricas y pobres y que haga posible un reparto de la riqueza más justo, que reparta el trabajo productivo y reproductivo, que garantice la protección social,... Al fin y al cabo, hablamos de un modelo que esté al servicio de las personas y no a lo que dicen los mercados.

Para ello es necesario tener una voluntad política, y claro, el empresariado no está dispuesto a renunciar a sus privilegios y a implicarse en ese camino. Dicha voluntad no surgirá espontáneamente, una mayoría social deberá obligarles a recorrer ese camino. Así pues, dando continuidad a lo que hemos realizado hasta ahora, continuaremos movilizándonos y luchando en los centros de trabajo y en la calle, hasta que se materialice esa voluntad de construcción de la alternativa.

El día 26 os llamamos a que llenéis las calles, principalmente, con dos reivindicaciones:

Dejar claro que estamos en contra de los recortes; exigir a las instituciones propias que no se apliquen las imposiciones provenientes de Madrid, para que de una vez cambie la dirección de las políticas publicas que se llevan a cabo en nuestro espacio.

Reivindicar que la palabra y la decisión corresponde a Euskal Herria. Esta huelga debe mostrar que las trabajadoras y los trabajadores vascos que conformamos la mayoría social reinvindicamos hacer un camino propio.

Por todo ello, el 26 de septiembre, huelga general.

¡Nos vemos en la calle!