Casi un año después de Aiete, la cuestión de las irresueltas consecuencias del conflicto ha reaparecido abruptamente sobre la mesa, encarnada en un caso muy concreto: el de Iosu Uribetxebarria. Resulta algo absurdo comprobar que la situación se resolvió 45 días después del mismo modo que se pudo hacer el primer día; con la excarcelación, única opción posible como todo el mundo asume. Pero entre medio se ha producido una importante colisión que obviamente iba mucho más allá del preso de Arrasate: un choque entre los aparatos de un Estado empecinado en evitar o atrasar lo inevitable -afrontar la cuestión de los presos- y una mayoría social vasca que lógicamente ha buscado provocar un punto de inflexión ante ese bloqueo. Puede decirse, como ha hecho Herrira, que la pelea acaba en tablas: Uribetxebarria estará en casa, pero el PP no ha movido un milímetro su posición sobre los presos.

Traer a casa a un preso tan gravemente enfermo no puede considerarse una gran victoria, pero el empuje mostrado por quienes solidariamente se han movilizado por Uribetxebarria sí ha logrado otras cosas además de esa excarcelación. Para empezar, ha revelado la cruda situación de los presos políticos vascos enfermos («llevamos todo el verano hablando de estos catorce», se ha quejado Antonio Basagoiti, líder del PP). También ha instalado la evidencia de que el inicio del fin del conflicto de los presos políticos vascos no depende siquiera de una negociación a la que Madrid se cierra en banda, sino de la estricta aplicación de los derechos humanos, de las propias leyes españolas y de los estándares internacionales. Se ha logrado igualmente algo que ni siquiera se pretendía, pero que a medio-largo plazo puede tener su efecto positivo para el proceso: mostrar que el lobby conformado por ciertas víctimas de ETA carece de razones y solo está movido por la venganza. Y, en paralelo, ha destapado que en este país sigue habiendo agentes muy importantes en contra o al margen del proceso de soluciones, inertes incluso ante un caso tan lacerante como este.

Analizando más algunas de estas cuestiones, resulta curioso comprobar cómo el Gobierno español y la Audiencia Nacional han terminado haciendo énfasis en que el caso se ha resuelto con la aplicación de la ley. Está claro que eso no bastará para resolver definitivamente la cuestión de los presos, pero sí sirve para encararla y para resolver no menos de 200 casos concretos de personas que siguen en la cárcel sin encaje legal. De paso, el Gobierno se envuelve a sí mismo en una contradicción: Si la ha aplicado con Uribetxebarria, ¿por qué no lo hace también, por ejemplo, con los presos sometidos a la «doctrina Parot», tumbada ya por Europa? ¿A qué va a esperar y para qué?

Pero a su vez esta cuestión interpela también a quienes luchan a diario por devolver a los presos a sus casas. Puestos a buscar un punto de inflexión contra la actual política carcelaria, y aun asumiendo que la situación de los enfermos es la más perentoria como ha demostrado el caso de Uribetxebarria, ¿por qué no acumular fuerzas en la batalla de la «doctrina Parot», que tiene salida legal, que resolvería no uno sino decenas de casos, y que alinea a la mayoría social vasca con la comunidad internacional vía sentencia de Estrasburgo? Con esa legalidad española en la mano -insuficiente, injusta y todo lo que se quiera- hay razones para exigir más de 200 excarcelaciones, y usar ese resquicio también puede ser algo subversivo cuando quien se afana en incumplirla es, paradójicamente, el Estado.

El tema de las víctimas es otro a revisar. Organizaciones como la AVT ciertamente hacen mucho ruido, pero tienen poco peso objetivo. La facilidad con que el Gobierno ha desmontado su presión una vez consumada la excarcelación deja claro que su impacto no es tan profundo como el que se refleja en los medios. Más que incidir en el Ejecutivo, es este el que se deja atrapar por ellas. El martes, en el acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en Bilbo, seguramente volverán a recibir ese inexplicable label de lobby reflejado en frases como «las víctimas siempre tienen razón». Pero eso ya no engaña a nadie.

Por otro lado, sería erróneo pensar que esa es una posición uniforme. Evidentemente, las víctimas de ETA que participaron en la experiencia Glencree no comparten esa sed de venganza. Y por eso es importante ir tejiendo complicidades también con estos sectores que se mueven en claves más constructivas sobre cuestiones muy mínimas pero sólidas, como proponía el propio Uribetxebarria en la entrevista concedida a GARA. Resolver la cuestión de los presos va a exigir un esfuerzo también en ese terreno, para que el campo de juego no pueda seguir marcado por criterios tan inaceptables como los de quienes pedían mantener preso a Uribetxebarria hasta los últimos estertores de su vida.

El pulso, por último, ha desenmascarado a algunos agentes políticos y sociales vascos. Sobre todo al obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, que en una confusa diatriba cambió el domingo los evangelios por el manual de instrucciones del PP para eludir exigir la excarcelación de un ser humano en situación terminal y para arremeter contra quienes solo han defendido los derechos humanos. Lógicamente Munilla es libre de dirigirse a su parroquia como quiera, pero llama la atención que decidiera abanderar unas posiciones que probablemente no suscriba más del 10% de la población guipuzcoana, es decir, los sectores más ultras del PP.

No ha llegado a tanto el PNV, pero su silencio en este caso ha sido tan clamoroso que deja mucho eco. Se ha oído tanto que varios medios amigos de Madrid, preocupados por los resultados electorales próximos, han puesto empeño en asegurar que en privado Iñigo Urkullu ya le insiste a Mariano Rajoy sobre los presos y que este se muestra receptivo. Pero esto tampoco mejora la situación del PNV: o Rajoy le toma el pelo o Urkullu pinta bien poco en Madrid.