Cuando a finales del curso pasado la dirección del centro público les llamó para exponerles la nueva situación, cuentan que entre algunas familias se hizo el silencio durante unos segundos. Seguramente muchos no pudieron creer que Educación aplicase en entornos rurales la normativa que desde 2006 establece que el alumnado que reside a dos kilómetros de su centro público de referencia no tiene derecho a hacer uso del transporte escolar ni a tener comedor subvencionado. En el caso de Secundaria, la distancia es de cuatro kilómetros. La medida afecta a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero de momento solo han trascendido quejas en Araba: en Zuia, Aiara y Amurrio.

Seguramente, madres y padres de escolares de entre 2 y 12 años visualizaron lo que supone el día a día de un curso sin autobús escolar. Aun disponiendo en esos horarios de vehículo privado, se preguntarían cómo encajar los traslados con la actividad laboral y en caso de no disponer de coche, cómo hacer cuando la opción de caminar cada día hasta la ikastola por márgenes de carreteras que no disponen de aceras ni apenas arcén en algunos tramos es impensable.

Donde no hay transporte público la medida aboca al uso del vehículo privado y aun así el margen de maniobra es limitado, dado el uso obligatorio de sillas y otros mecanismos de seguridad para viajar con niños.

Al problema de los traslados se suma el precio del comedor escolar. De acuerdo a la misma normativa, el alumnado que reside a dos kilómetros no tiene subvencionado el servicio de comedor. Entiende Educación que al residir a dos kilómetros o menos del centro escolar, ese alumnado puede desplazarse a casa a comer y por tanto no reconoce que deba subvencionar el comedor. Pero si ya es inconcebible llevarles cada mañana por la carretera, como para hacer otros dos viajes a mediodía.

«Más allá de lo meramente económico, que en estos momentos es importante, me indigna la incoherencia y la falta de seriedad con la que realizan y aplican ciertas normativas», opina una madre afectada de Aiara. «¿Es lícito que se exija a niños y niñas menores de 12 años de un entorno rural, donde no disponemos de transporte público para realizar este recorrido, el acceso a su centro escolar de referencia andando por una carretera que soporta un tráfico intenso y altas velocidades y desprovista además de aceras para garantizar la seguridad de los menores?», pregunta.

Una decisión «bien calculada»

Tiene más preguntas para quienes han ordenado la aplicación de la norma este curso. «¿Es lícito que se nos imponga a las familias el tener disponible un vehículo propio para poder llevar y recoger a nuestros hijos e hijas, obligados por ley a recibir la escolarización en un centro de enseñanza? -les plantea- porque la aplicación de la norma de facto obliga a las familias a hacer uso del vehículo privado. No hay más que ver el recorrido que tendrían que hacer para entender que resulta impensable que niños de entre 3 y 12 años se desplacen andando por la carretera A-624 desde Menagarai, núcleo cuyos residentes están afectados por la medida».

En el caso de las ocho familias afectadas en Aiara, Educación ha accedido a que los alumnos sean transportados, porque el autobús escolar que hace la ruta y pasa por su parada dispone de plazas libres, pero el problema sigue ahí. «La actuación de los responsables del Departamento ha estado bien calculada desde el principio. Nos envían la notificación en vacaciones, les remitimos nuestro desacuerdo y siguiendo el guión preestablecido y yendo de `buenos' nos dicen que podemos utilizar el autobús, no porque reconocen que lo necesitamos, sino porque hay plazas libres. De esta forma no tiene renta alguna con el transporte, ya que el itinerario se realiza de igual manera, pero sí al subirnos la tarifa del comedor».

«¿Qué nos soluciona a nosotros poder utilizar el autobús, sin ser considerados niños transportados? Absolutamente nada, porque es una respuesta transitoria, que puede variar el próximo curso académico. Si no hay plazas te las apañas... y porque no tiene en cuenta, en ningún momento, las peculiaridades de un entorno rural caracterizado por las dispersión de los pueblos que conforman el municipio», explica una madre afectada, sobre una realidad como la de Aiara, donde 24 pueblos ocupan una extensión de 140 kilómetros cuadrados y la mayor parte de las viviendas están diseminadas.

«La diseminación hace necesario el planteamiento de un centro comarcal, donde lo más lógico es que el alumnado utilice el servicio de comedor o ¿acaso piensan ponernos un autobús para que nuestros hijos e hijas puedan ir a comer a casa porque no podemos hacer frente, o no queremos, al precio que nos han impuesto?», expone.

Con respecto al coste económico, señala que «nos supone tener que asumir un 40% más todos los días. Cada niño ha de pagar 4,60 euros por día frente a los 3,30 euros del menú subvencionado, lo que al cabo del curso económico suma una cantidad nada desdeñable de 800 euros por hijo o hija. Si tienes tres, como alguna familia afectada...».

cerca de 70 afectados en Zuia

En Zuia, familias y Ayuntamiento también se han movilizado ante la decisión de Educación. En este caso están afectados 45 alumnos de entre 12 y 14 años, de la primera etapa de ESO (Educación Secundaria Obligatoria), y alrededor de 24 alumnos de Primaria. Son vecinos de Bitoriano, Ametzaga y Sarria y como en el caso de Aiara se les ha aplicado una solución transitoria y «contradictoria». A los niños y niñas de Primaria se les sigue sin considerar alumnos transportados, pero se ha creado la figura de autorizados y se ha habilitado una ruta cerrada para los tres pueblos. La salida es más precaria para los alumnos del instituto, porque también se les autoriza a hacer uso del transporte escolar pero tienen que trasladarse a otro pueblo a cogerlo, porque no tienen parada en su propio pueblo.

Madres y padres se están movilizando para que al menos los autobuses tengan parada en los pueblos afectados, «porque pasan vacíos». Tampoco consideran una solución la ofrecida a Primaria, porque creen que esa figura de `autorizados' creada este curso puede desaparecer el próximo. «Es una decisión para que la gente no se les eche encima porque son niños pequeños», opinan.

Los ayuntamientos de Zuia y Aiara también se han pronunciado en contra de la decisión de Educación. Entre otras medidas, en el primero nada más conocerse la noticia, trataron de contactar con el Departamento de Educación, pero no hubo respuesta. Han aprobado una declaración municipal que exige al Gobierno de Lakua que deje sin efecto la medida y reinstaure las ayudas necesarias para ofrecer una educación de calidad que no genere desigualdades. «Pedimos que se tengan en cuenta las peculiaridades del entorno rural y no se rebajen los parámetros de calidad y menos poniendo en peligro la seguridad de los escolares», explicó a GARA Rubén Rico, teniente de alcalde de Zuia, sobre un documento que se ha hecho llegar al Parlamento de Gasteiz, al Ejecutivo de Lakua y al Ararteko. A su juicio, la normativa es «inaceptable» por lo que supone para la comunidad escolar y porque mermar la calidad del centro público referente supone dañar la propia vida del municipio. Esperan, ahora, acompañar las movilizaciones que planteen madres y padres.

El Ayuntamiento de Aiara también trabaja junto al AMPA ante diversas instancias para pedir que se revierta la aplicación de la ley de 2006. Destacan que el único acceso al centro público para las familias afectadas es una carretera que soporta el paso de 3.500 vehículos y como en Zuia, consideran que la decisión de Lakua esconde un recorte que se hace recaer en los bolsillos de las familias y que afecta a la calidad de vida y de la educación en zonas rurales.

«Que mejoren las carreteras»

Fuentes de Educación señalaron a GARA que ante los problemas que genera la aplicación de la legislación en algunas zonas, «la solución es cambiar la ley» y eso está corresponde al Parlamento. Subrayan que donde hay plazas libres se está permitiendo que hagan uso del transporte escolar, aunque insisten en que «la ley está así, la situación económica es la que es y aunque hasta ahora se estaba haciendo la vista gorda, llega un momento en el que no se puede seguir haciendo la vista gorda con este tipo de cosas». Si el problema es la carretera de acceso al centro, «la solución no es competencia de este Departamento sino de la Diputación. La demanda debería ser: `mejoren ustedes la vialidad'», plantean en Educación de Lakua.

Desde Denon Eskola, que reúne a las AMPA de Araba, resaltan que «desde hace mucho tiempo se está reivindicando que el baremo de dos kilómetros se baje a uno», porque es excesivo para alumnos de corta edad también en casos de núcleos urbanos. Subrayan, además, que los recortes crean desigualdades y ponen en peligro centros públicos de referencia en zonas rurales.