Era una noche sin luna. Ellos (el Ejército israelí que rodeaba el campamento) iluminaron el cielo con bengalas», recuerda esta mujer, de 53 años, de ojos oscuros y ojerosos, surcados por profundas arrugas. Su mirada habla por sí sola.

«Los milicianos irrumpieron en nuestra casa con ametralladoras, y mataron a algunos miembros de mi familia a cuchilladas. Mataron a mi prima Amal, la destriparon y le sacaron a su bebé», cuenta.

Alrededor de 3.000 civiles, según estimaciones aproximadas, fueron masacrados en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, a las afueras de Beirut, en setiembre de 1982, durante la invasión israelí de Líbano.

«Han transcurrido 30 años, pero recuerdo hasta los detalles más mínimos», añade esta mujer morena, que borda vestidos tradicionales palestinos en punto de cruz para sobrevivir. «Mi hijo pequeño tenía tan solo dos semanas. Los milicianos competían para ver quién mataba a más personas».

Cada año, activistas del mundo entero se unen a los supervivientes de la matanza para honrar la tumba colectiva de las víctimas de aquella carnicería.

Pero aún no se ha hecho justicia. En Israel, una comisión de investigación atribuyó en 1983 la «responsabilidad personal» pero «indirecta» de las matanzas a Ariel Sharon, entonces ministro de Defensa, y la directa a Elie Hobeika, jefe de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Libanesas (milicia cristiana falangista).

«Ningún tribunal, libanés o internacional, inculpó nunca a nadie por la masacre. Todos los responsables quedaron impunes», lamenta la superviviente. «Hemos perdido la esperanza en la Justicia -dice-. Nosotros, los palestinos, somos el eslabón más débil en el mundo árabe. No tenemos Estado y la matanza de los nuestros no le importa a nadie», sostiene.

Shahira hace hincapié en las lamentables condiciones de vida de gran parte de los 280.000 refugiados palestinos en Líbano, muchos de ellos hacinados en campos miserables y, según la ONU, privados de derechos económicos y sociales. «Mis parientes fueron masacrados, pero nosotros moriremos lentamente», dice esta mujer, que sigue viviendo en Shatila.

Un día se hará justicia

Samiha Abbas, una libanesa casada con un palestino de Sabra, perdió a tres hijos y a otros cuatro miembros de su familia en la matanza. «Mi hija Zeinab tenía 16 años, mis hijos Ali y Fahd, 10 y 20 años», cuenta entre sollozos, mientras estrecha contra ella las fotografías de sus tres hijos. «Quiero saber quién los mató, el dolor me ha hecho perder la cabeza», confiesa.

Samiha vive en Sabra, el campo aledaño a Shatila, donde se ven cables eléctricos colgando entre casas míseras.

«Soy libanesa, pero todos los gobiernos libaneses que se sucedieron nos trataron como a criminales, nos marginaron para asegurarse de que no se escuche nuestra voz», lamenta.

En junio de 2001, veintitrés supervivientes presentaron una querella por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos genocidas contra Ariel Sharon, convertido en primer ministro. La demanda fue interpuesta en Bélgica, en virtud de una ley que otorga «competencia universal» a los tribunales belgas para este clase de crímenes. Pero la ley fue derogada en 2003 y la Justicia belga abandonó el procedimiento judicial.

«Ninguna Justicia, ningún país, árabe u occidental, está interesado en hacernos justicia a los palestinos», considera Mohamed Srur, que perdió a cinco parientes en la matanza. «Mataron a mi padre y a mis hermanos y hermanas, incluida mi hermana Shadia, que tenía 18 meses», relata. «Mi madre se hizo pasar por muerta para salvar la vida, tumbada al lado de su niñita muerta», recuerda.

«El Estado libanés debería abrir el dossier de la matanza, revelar quién es el responsable y hacer justicia a las víctimas», añade este hombre de 50 años. «Pero estoy seguro de que no lo hará. Y nosotros, los palestinos, sabremos cómo lograr justicia, lo conseguiremos algún día», asegura.