«Presupuestos de combate». Así calificó el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, las cuentas aprobadas ayer por el Ejecutivo y que contemplan un recorte de unos 30.000 millones de euros para alcanzar el reto de poner límites a la deuda y reducir el déficit al 3% del PIB en 2013.

El Gobierno de François Hollande rubricó un incremento de impuestos y recortes de gasto público, que ya se califican de históricos, valorados en unos 30.000 millones de euros. El proyecto de ley debe superar ahora el filtro del Parlamento.

Los ajustes se reparten en tercios. Así, 10.000 millones provendrán de aumentos en las contribuciones fiscales para los hogares, otros 10.000 millones de más impuestos para las empresas o reducción de las ventajas con las que contaban y los 10.000 restantes del recorte del gasto público.

En el capítulo de los tributos, unos 6.200 millones procederán del incremento de impuestos para los hogares con mayores ingresos. Aquí se incluye un nuevo tramo impositivo del 45% para las rentas superiores a 150.000 euros y el ya conocido 75% para quienes ganen más de un millón.

Un total de 10.000 millones procederán de cambios impositivos para las empresas y afectarán esencialmente a las grandes, puesto que el Gobierno pretende que las pymes reciban un tratamiento diferenciado que les permita sostener el empleo.

En este sentido, una medida importante es la modificación de un mecanismo que permitía a los grandes grupos vender filiales sin pagar plusvalías. Según publica el diario «Le Monde» con este ajuste se recaudarán 2.000 millones de euros.

En lo que afecta al gasto público, habrá supresiones y recortes en casi todas las partidas, aunque se preservarán las destinadas a la educación, la sanidad, la justicia y los gastos sociales. El Gobierno pretende también contratar a 43.500 nuevos profesores en dos fases. Las cuentas recogen que en empleo y asuntos sociales las partidas se incrementarán en un 1,7% y en un 5,1% respectivamente.

Por el lado del recorte, el Estado aplicará reducciones en proyectos de infraestructuras -retraso de la conexión ferroviaria de alta velocidad- la congelación de los sueldos de la función pública o la venta de embajadas.

Un contexto complicado

El Gobierno insistió en que las medidas contenidas en el proyecto afectarán sobre todo a los ciudadanos con más ingresos y a las grandes empresas y que apenas lo recaerá sobre los que tienen menos ingresos.

Las cuentas se presentan con el trasfondo de un creciente índice de paro, que el pasado mes de agosto superó los tres millones de desempleados, y con una notable caída de la competitividad.