La Diputación de Gipuzkoa ha presentado recientemente la propuesta del nuevo im- puesto que sustituirá al de patrimonio a partir del próximo ejercicio. Sirvan estos comentarios para explicar su utilidad y salir al paso de algunas in- terpretaciones erróneas.

Su antecesor, el Impuesto sobre el Patrimonio, data del año 1979 y casi no ha tenido modificaciones hasta su desaparición. Y eso que desde el principio se vio que era un tributo fallido, que gravaba a sectores importantes de las llamadas clases medias mientras que apenas tocaba las grandes fortunas que, con una planificación fiscal agresiva, podían aprovecharse de los dos grandes agujeros del impuesto. Ese fue el argumento tramposo de ZP para eliminar el impuesto: como no funciona, lo quito.

Tras dar marcha atrás y restablecer el impuesto para 2011 y 2012, evitó el primer efecto aumentando la reducción a un millón de euros (300.000 en la vivienda habitual), pero no tocó las dos vías de elusión del impuesto: el escudo fiscal y las participaciones en empresas familiares.

El escudo fiscal era una técnica por la que nadie debía pagar por los impuestos de renta y patrimonio más del 60% de lo que ganaba según el IRPF. Pero la mayoría de las grandes fortunas plani- ficaban ganar muy poco para pagar mucho menos en el Impuesto de Patrimonio, llegándose a ver en casos extremos contribuyentes que no hacían declaración (por ganar menos de 12.000 ¤) mientras su riqueza aumentaba millones de euros al año, sin pagar casi impuestos. Es más, al desaparecer la «plusvalía del muerto» del IRPF y estar exentas las sucesiones de bienes troncales (que siguen en las demás provincias vascas), sus descendientes recibían unas fortunas enormes que apenas habían contribuido a la hacienda pública.

El otro tema también se ha desvirtuado. De lo que se trataba era de crear una empresa para gestionar el patrimonio familiar, emplear a un familiar directo y dejar de pagar el impuesto. Gipuzkoa ha sido muy prudente para favorecer a las empresas familiares industriales, conservando una bonificación del 75% en la cuota del nuevo impuesto. Se controlarán esas participaciones (con sus efectos benéficos en la prevención del fraude en el IRPF) pero solo pagarán la cuarta parte que el resto de los bienes.

Así, la propuesta general consiste en gravar toda la riqueza a partir de cierto importe, incluyendo a las grandes fortunas. Las primeras estimaciones muestran que, aun reduciendo significativamente los tipos (el máximo, del 2,5% al 1%), la recaudación aumentaría un 20% el incremento inducido en los demás impuestos por su mejora en el control de los patrimonios.

Muchas son las opiniones publicadas contra este impuesto, repitiendo que provocará el exilio masivo de los ricos a territorios que les permitan enriquecerse más sin contribuir. Este argumento esconde un profundo desprecio moral hacia nuestros paisanos más afortunados, porque también es lícito pensar que se sentirán satisfechos de contribuir anualmente con menos del 1% de su fortuna (cantidad muy inferior a la rentabilidad que pueden conseguir) a un sistema fiscal que hace pagar más a los que más tienen.

Y si lo anterior es verdad siempre, lo es más en estos tiempos de crisis. Porque produce rubor que en países que lo están pasando mal, en los que se disparan los índices de pobreza, se empeñen en bajar sueldos, pensiones o prestaciones y en subir impuestos indirectos mientras sus castas políticas se resisten a introducir un impuesto como el descrito. Siempre será preferible seguir el ejemplo de Noruega, Francia o Islandia, que lo tienen en sus sistemas fiscales, y de los que se ha aprendido para diseñar el impuesto sobre la riqueza posiblemente más moderno y justo de Europa.

Lo importante era diseñar un impuesto que mejorase la equidad del sistema fiscal sin crear agravios comparativos, que ayudase a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que contribuyese a la recaudación de fondos públicos. Porque lo que está en juego no es una simple prórroga de un impuesto obsoleto, discriminatorio y lleno de agujeros, no es un mero incremento de recaudación para el gasto público de Diputación, ayuntamientos y Gobierno Vasco, sino consolidar un impuesto que contribuya decisivamente a la justicia y progresividad de todo nuestro sistema tributario.

Eso es lo que la Diputación se comprometió a presentar para el ejercicio 2013, aunque ahora algunos la acusen de electoralismo por cumplir nuestro calendario. Además de que otros también tienen opción de «hacer electoralismo», aprobando un impuesto similar en Bizkaia, Araba y Nafarroa sin necesidad de intentar escaquearse como hicieron con el impuesto sobre el patrimonio.