Los responsables de ELA Ramón Uriarte, de la Federación de Servicios Públicos de Araba, Janire Landaluze, de Salud Laboral, y Mikel Noval, de Política Social, denunciaron ayer «el fraude sistemático en la contratación en Lanbide» y aportaron el fallo de ocho sentencias de treinta reclamaciones que han interpuesto los trabajadores, que condenan al Servicio Vasco de Empleo «por actuar con arbitrariedad».

Según explicaron en rueda de prensa, pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si son constitutivos de algún delito al tratarse de una «actuación reiterada realizada desde una sociedad de carácter público». Además, informaron de que se investigan ya cinco casos de mobbing en Lanbide ante la presión que se ejerce sobre los trabajadores.

Tras el traspaso de las competencias de políticas activas al Gobierno de Gasteiz, con el acuerdo entre PSOE, PP y PNV, Lanbide «se ha convertido en un desbarajuste». De puertas hacia afuera ha recibido numerosas denuncias de los parados y de personas en situación de exclusión social, dado que asumió la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos. Pero, también de puertas hacia adentro. la Inspección de Trabajo «ha levantado sucesivas actas ratificando el fraude en la contratación de un centenar de trabajadores de Lanbide».

Esa realidad, denunció ayer el dirigente de ELA Ramón Uriarte, se extiende a un centenar de trabajadores. «La Inspección de Trabajo ha instado al Gobierno vasco a que regularice la situación de los mismos, modificando sus contratos y convirtiéndolos en indefinidos de modo inmediato». Sin embargo, la central sindical advierte de que «se resiste y está obligando a los afectados a acudir al juzgado para lograrlo».

Uriarte reconoció que esta situación se produce porque no hay una relación de puestos de trabajo y porque Lanbide «se ha constituido como un ente público de derecho privado». A juicio de ELA «no es casualidad, sino que la intención verdadera del Gobierno de Patxi López es disponer de un espacio de impunidad». Estos casos son, a juicio de la central sindical, «solo la punta del iceberg».

Tras mantener varias comunicaciones con los responsables de Lanbide y con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, Uriarte afirmó que les acusaron de «poner palos en la rueda y de dificultar la gestión de Lanbide». Además, «nos dijeron que les dejásemos hacer, que participásemos en el Consejo de Administración de Lanbide», pero el sindicalista rechazó esa decisión porque «nos quieren dentro para que, dotándonos de recursos económicos, nos callemos».

Por último, lamentó que «se está construyendo una Administración para que pueda pasar cualquier cosa».