La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español anuló ayer la decisión de excluir el estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la cárcel de Iruñea tomada por el Consejo de Ministros el 28 de noviembre de 2008.

De este modo, el alto tribunal español da la razón al Ayuntamiento y a la Asociación de Vecinos de Sanduzelai, cuyo recurso no había sido tomado en consideración previamente ya que el propio órgano gubernamental consideró que no estaba «legitimada» para realizar alegaciones. La decisión del TS no tendrá ningún efecto práctico, ya que la prisión está en funcionamiento desde el pasado 5 de junio y los magistrados han rechazarlo devolver los terrenos a su estado original, tal y como solicitaban los vecinos.

«Resulta posible que, una vez tramitado el procedimiento de evaluación ambiental, la alternativa de emplazamiento del centro penitenciario en su actual ubicación se revele como adecuada», argumeta el auto, hecho público ayer. En este sentido, el TS recuerda que el propio Consejo de Ministros reconoció que los costes medioambientales debían de ser investigados, ya que la cárcel está ubicada en el paraje de Soltxate-Santa Lucía, con un impacto paisajístico del 25% dentro de una zona calificada como protegida.

El Estado se escudó en la «urgencia» de la obra. Pese a ello, el TS considera que entre 2005, fecha de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior; y 2008, hubo tiempo para realizar el estudio.

La Asociación de Vecinos de Sanduzelai se reunió ayer para valorar la sentencia, que no echa atrás una obra que ya está en funcionamiento, y dará hoy mismo una rueda de prensa.