La abogada de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, ultima los recursos a las sanciones que la dirección de la cárcel de Logroño pretende imponerle a raíz de su intervención grabada en el acto político del BEC. Como medida cautelar, se castigó al portavoz de la izquierda abertzale preso con la prohibición de toda comunicación, ya sean visitas, cartas o llamadas telefónicas, con sus familiares y amigos.

En una primera notificación entregada a Otegi, la dirección de la prisión le informó que «teniendo en cuenta el peligro para la seguridad que se evidencia en el mal uso que usted ha hecho de las mismas, pues en vez de la finalidad legal que tiene atribuidas ha realizado, con publicidad, llamamientos `a vaciar las cárceles' y otras consignas que nada tienen que ver con las relaciones personales», le prohíbe las comunicaciones sine die.

Estando ya en vigor esa dura medida cautelar, se sugieren dos sanciones. Por una falta muy grave -por el mensaje del BEC-, propone dejar sin bajar al patio a Otegi de 6 a 14 días. Además plantea, por otra falta grave -una llamada telefónica el sábado en torno a las 19.00-, aislamiento en la celda de 1 a 5 días. Ambas, apunta Goirizelaia, son de menor entidad que la medida cautelar, «que no tiene lógica jurídica y sí política. Se la han sacado de la manga, vulnerando un derecho fundamental sin que se recoja ni en la ley ni en el reglamento penitenciario tal prohibición. No son un juez para fijar tal medida».

La letrada añadió que ayer mismo se pudo constatar la utilización política de la intervención de las comunicaciones de los presos vascos, al publicarse en el periódico habitual supuestas conversaciones privadas de Otegi y de otros prisioneros.