El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sobre la mesa veinte demandas contra la aplicación de la doctrina 197/2006, aunque no es la única tarea que tiene pendiente al respecto, ya que aún no ha tomado una decisión sobre admitir o no la solicitud del Estado español de revisión de la sentencia dictada en el caso de la presa de Tafalla Inés del Río por parte de la Gran Sala.

Sobre la veintena de denuncias interpuestas, las abogadas Amaia Izko y Ainhoa Baglietto destacaron ayer que se han visto «en la obligación» de hacerlo porque «el Estado español y con él los distintos tribunales que resultan implicados en esta cuestión, esto es, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se niegan a admitir y cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos».

Recordaron que «este tribunal ha dicho, de modo claro y contundente, que la aplicación de la doctrina tal y como se está haciendo a personas condenadas por hechos anteriores a su existencia, es una grave vulneración de sus derechos a la ley cierta y previa o imposibilidad de establecer una pena no prevista en la ley y a la libertad».

En lo referente al caso de Del Río, remarcaron que, tal y como dictó el pasado julio este mismo tribunal, el Estado español debe liberarla, además de indemnizarla con 30.000 euros por los daños morales causados.

«Consecuentemente -agregaron-, la única decisión respetuosa con los derechos fundamentales de las personas y con los principios de un estado de derecho sería la puesta en libertad inmediata» tanto de la presa de Tafalla como de las demás personas presas afectadas por la medida de excepción. A pesar de que la sentencia se pueda recurrir -de hecho fue recurrida-, las abogadas sostienen que «una cosa es la obligación estrictamente jurídica y otra cosa es la obligación moral».

A la espera de las resoluciones, señalaron que «la presunción ahora es que los derechos fundamentales de estas personas se están vulnerando», aunque se mostraron convencidas de que los pronunciamientos del TEDH se van a mantener tanto en la sentencia de Del Río, como en el resto de los casos.

Creen que el Estado «también tiene esta convicción», por eso consideraron que «su único norte» no puede ser «mantener a cualquier precio esta situación de prisión», a pesar de que dicho Tribunal lo condene repetidamente «por su falta de respeto para con los derechos humanos de los presos».

La gravedad de la denominada doctrina Parot y la situación que esta provoca preocupa a la sociedad en general, y cada vez a más profesionales del Derecho, según apuntaron las letradas. Precisamente, ayer presentaron en Iruñea un manifiesto que ya ha sido respaldado por más de doscientos profesionales del Derecho de Nafarroa, Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. En él, además de mostrar su rechazo a la doctrina 197/2006, los firmantes exigen su inmediata desactivación.