La cita es un céntrico café de Oslo. Allí aguarda a GARA Diego Marín junto a varios compatriotas. Es un día muy especial para él. Cumple cuatro años como refugiado político en Noruega, estatus que le fue concedido el 19 de mayo de 2009, siete meses después de su llegada al país nórdico, donde ha proseguido su activismo en defensa de una Colombia en paz y con justicia social.

Su móvil suena a cada momento. «Somos las víctimas del hermetismo del Gobierno y las FARC», comenta en tono de broma, mientras atiende las llamadas de periodistas, tanto colombianos como europeos, que desean entrevistarlo o contactar con otros miembros del grupo, entre los que se encuentra el exguerrillero, columnista, director de Corporación Nuevo Arco Iris y acompañante en el proceso de diálogo León Valencia o el periodista francés Romèo Langlois, retenido durante un mes por las FARC y cuyo caso alcanzó una gran repercusión. A la mesa se van incorporando colombianos residentes en Suecia, periodistas de medios alternativos colombianos y activistas noruegos.

Oslo se ha convertido estos días en un hervidero de periodistas y noticias. La comunidad colombiana es, sin duda, un importante punto de referencia, tal y como quedó reflejado en el amplio seguimiento que tuvieron las jornadas organizadas el pasado lunes por el Grupo de Apoyo para la Paz en Colombia, Fred I Colombia, del que Marín forma parte.

Uno de los temas centrales fue el papel de la sociedad civil en este tipo de procesos, un debate controvertido que está en primera línea de debate de unos y otros.

En una sus últimas columnas en el rotativo colombiano «El Espectador», fechada el 1 de setiembre, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, criticaba «la manada de aspirantes metiendo codo e inventándose todo tipo de disfraces para hacer parte de la comparsa», citando expresamente a «Piedad -en alusión la líder de Colombianos y Colombianas por la Paz Piedad Córdoba-, ONG, intelectuales, víctimas o seudovíctimas. Todos quieren una foto. Esa es la mejor manera de asegurar el fracaso de este esfuerzo. Hay tiempo para cada cosa».

Marín defiende y promueve la participación de la sociedad civil, pero «debemos ser realistas. En la mesa no se va a discutir la refundación del país, sino la terminación del conflicto militar entre la guerrilla, que ha demostrado ser la más resistente, y el Gobierno. Están hablando de sacar las balas de la política y, nosotros, como sociedad civil colombiana, no estamos en armas, por tanto, el rol principal en esta fase les corresponde a ambas partes. Ahora bien, el inicio de este proceso reabre el espacio político para que la sociedad retome su agenda y volvamos a hablar después de diez años de oscurantismo de Uribe de los problemas de fondo del país. Es hora de reorganizarnos y de recuperarnos de estos largos años de estigmatización y ganar en la calle, en los periódicos, en Europa... En resumen, ganar la política de Colombia», remarca.

Y vencer también a «ese sector que está trabajando para dinamitar el proceso. El rol de la sociedad civil debe ser el de vencer a esa fuerza de la ultraderecha y ganar en el campo de la discusión y de la iniciativa».

Ello, no obstante, conlleva serios riesgos en un país con una fuerte presencia de grupos paramilitares y de extrema derecha.

Antes de llegar a Oslo, Marín era presidente de la Organización Nacional de Estudiantes Universitarios en Bogotá. Su nombre apareció en una lista secreta del servicio de inteligencia colombiano, el DAS, salpicado de denuncias por espionaje ilegal a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a miembros de la Corte Suprema de Justicia y por facilitar a paramilitares las identidades de activistas sociales y políticos para su posterior ejecución extrajudicial. Varios de sus directores están en prisión, fugados o procesados por estos hechos.

Una de las primeras medidas del presidente, Juan Manuel Santos, tras tomar posesión de su cargo fue, precisamente, el desmantelamiento del DAS.

«Fueron momentos muy fuertes. Para el expresidente Álvaro Uribe la única solución era la vía militar y bajo ese discurso se justificaban las agresiones a los movimientos sociales. En un periodo de 17 meses, por ejemplo, mataron a 18 dirigentes estudiantiles en todo el país. En la Universidad de la Atlántica en Barranquilla, en un solo un mes mataron a cinco. A ese extremo llegaba la situación. Es por ello que a mí me concedieron el estatus de refugiado en un tiempo casi récord, porque esos trámites se suelen demorar mucho más», señala Marín.

Pero la «guerra sin cuartel contra el terrorismo» que abanderó Uribe dejó hondas heridas, no solo en las FARC, que fueron perdiendo a destacados miembros de su dirección en sucesivas operaciones militares -algunas dirigidas por Santos desde el Ministerio de Defensa que ostentaba en ese periodo-, sino en las propias Fuerzas Armadas.

«Según datos oficiales, desde 2008, el Ejército ha sufrido 2.900 bajas anuales en enfrentamientos con la guerrilla. Estamos hablando de más de 10.000 bajas en cuatro años, ya sea por muerte o por heridas, y de una intensidad del conflicto superior al de Afganistán. La guerra empezó a ser algo muy costoso también para la élite, tomando cada vez más fuerza la consigna de `ya no más'. Y Santos, un líder con mucha autoridad dentro de ese sector, cambió la agenda política y económica del país en beneficio también de su propia agenda», añade.

El día en que se anunció el inicio de diálogos exploratorios con las FARC, «el teléfono no dejó de sonar entre el exilio colombiano, hasta en la montaña más alta de los Alpes», recuerda Marín, emocionado por celebrar su cuarto aniversario como refugiado en este «nuevo contexto esperanzador». Como muchos, se muestra optimista porque «esta vez, ambas partes llegan a la mesa reconociendo el fracaso de un hipotético triunfo militar y que la única vía, aunque sea por pragmatismo, es el diálogo».