Exguerrillero, periodista y escritor, León Valencia lleva años estudiando el conflicto en Colombia y asesorando en temas relacionados con la búsqueda de la paz. En la entrevista concedida a GARA en un céntrico hotel de Oslo, analiza cuestiones tan espinosas como la incorporación de los guerrilleros a la vida civil, la aplicación de la llamada justicia transicional y la relación de fuerzas en una sociedad muy golpeada y dividida.

¿Cómo fue su paso de la guerrilla a la vida política?

Era otra época. Las negociaciones estaban más legitimadas y había una mayor apertura para alcanzar acuerdos. No había estándares internacionales de justicia tan exigentes como los de hoy en día. Nosotros estábamos muy ilusionados con la Constitución de 1991, muy pródiga en derechos. Pensamos que era hora de lograr un acuerdo para disfrutar de esos derechos. Algunos de mis compañeros se decantaron por la política, yo me dediqué al periodismo, a escribir libros y análisis. La sociedad colombiana ha sido muy generosa conmigo, y he tenido posibilidad de desempeñar el oficio en el que estoy, que también entraña riesgos porque, finalmente, la nuestra fue una paz parcial, a la que siguió uno de los periodos más duros del país. Entre 1995 y 2005 se vivieron los años más oscuros del conflicto. Mientras en la década de los 80 se registró una violencia selectiva, a finales de los 90 hubo una violencia masiva contra poblaciones inermes sin voz ni capacidad de denunciar. Nosotros mantuvimos nuestro acuerdo de paz en medio de esa violencia llamando siempre a una reconciliación que, afortunadamente, parece más cercana.

¿Cómo ve el regreso a la vida civil de las FARC?

Estamos ante una guerrilla campesina con un importante arraigo social que, a veces, se desconoce en Bogotá. Hay 100.000 familias cocaleras y miles de campesinos ligados a ese espectro. Las FARC no son 11.000. Si cuenta el movimiento bolivariano del pueblo, el Partido Comunista clandestino y todas las labores milicianas de apoyo, hay más de 40.000 personas en el núcleo más cercano a la guerrilla. Por tanto, la reintegración no se debe hacer sobre la base de reinsertar individualmente a combatientes, sino sobre la premisa de ofrecer alternativas en los municipios donde se da la confrontación bélica para que no proliferen otras fuerzas.

El proceso abierto en Oslo ha relanzado el debate en diversos sectores sobre cómo alcanzar la paz sin impunidad. ¿Cómo interactuan ambos aspectos en este escenario?

Las víctimas han pasado al centro de la agenda de la negociación. De hecho, son uno de los puntos clave de la agenda que acordaron las FARC y el Gobierno. ¿Qué es lo que demandan? Verdad, reparación y justicia. Esta última tiene varias vertientes; que no se vuelvan a repetir los hechos y castigo. Pero, ¿a qué tipo de castigo nos referimos? Es ahí donde está el quid de la cuestión, porque hoy en día es imposible no hablar de justicia en el marco de unas negociaciones políticas. No obstante, existen distintas opiniones. Algunos consideramos que se debe privilegiar la no repetición, la construcción de una paz duradera y la reconciliación sobre el castigo. Otros piensan que el castigo es lo más importante y que quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos deben ser encarcelados. Sin duda, habrá que juzgar y condenar, pero deberemos abrir el debate sobre el modo de cumplir esas condenas, por ejemplo, a través de una sanción social que les permita cumplirla fuera de prisión. Para mí eso también es hacer justicia. El debate es largo y profundo. En lo que sí estamos de acuerdo es que no es posible una amnistía y un indulto general. Estos estarán condicionados a la terminación de la guerra y a que estas personas no vuelvan al conflicto.

Jan Egeland, director para Europa de Human Rigths Watch y enviado de la ONU para Colombia (1999-2002), dice que le preocupa el Marco Jurídico para la Paz porque, a su juicio, puede abrir la puerta a la impunidad. ¿Comparte esa impresión?

Para nada. A mí me parece que es muy restringido en cuanto al concepto de justicia. Habrá, incluso, que incluir más abiertamente en las negociaciones la amnistía y el indulto condicionado, que no se citan en el Marco Jurídico para la Paz. A medida que nos acerquemos al fin de la guerra, la sociedad colombiana será seguramente más generosa y la comunidad internacional también deberá ser muy comprensiva con nuestros trámites de justicia.

Cuando habla de castigo, ¿cómo encajan las Fuerzas Armadas?

Nadie se va a escapar en Colombia. La guerrilla, los militares, los paramilitares, los políticos, los empresarios... han cometido crímenes de guerra, genocidios, secuestros y graves violaciones de derechos humanos. Es la lógica de las guerras largas. Hades Smith dice que la guerra es un juego de espejos y que en una guerra larga los actores siempre terminan pareciéndose en su deshonor y degradación porque quien recibe una ofensa se siente autorizado a hacer lo mismo. En Colombia, hay 4.400 militares acusados de delitos relacionados con el conflicto y 1.200 están en la cárcel. Afortunadamente, ya hay una solución internacional llamada justicia transicional, que se traduce en verdad, reparación y castigo pero, sobre todo, en un compromiso de echar hacia adelante y de avanzar hacia la paz. Una justicia transicional para todos.

El primer punto de la agenda es la cuestión agraria. Teniendo en cuenta que ambas partes tienen visiones contrapuestas, ¿cuáles considera que podrían ser los puntos de encuentro?

Ya hay una idea de que se debe hacer una redistribución de tierras y diseñar una legislación avanzada en aquellos puntos que se olvidaron en medio de la guerra. El Gobierno tiene intención de construir sobre esa ley de los años 90 un proyecto de reforma agraria. Pero la profundización de las reformas no dependerá tanto de la mesa sino de la movilización social. La sola discusión en la mesa no arrojará un cambio en la tenencia de la tierra. Si hay una gran movilización, sobre todo de los campesinos, se podrá hacer una transformación agraria.

¿Qué supondrá el tan esperado acuerdo de Cuba?

Esta segunda fase es entre quienes hacen la guerra. Lo que van a firmar las FARC y, eventualmente el ELN, con el Gobierno es «aquí paramos la guerra». Pero los cambios se harán después, en la tercera fase, que corresponde a la construcción de la paz y, por tanto, es la más larga y complicada porque afecta a más intereses. Esta segunda la plantean corta, entre ocho y diez meses, porque un proceso de paz no aguanta en medio de una campaña electoral y del conflicto. Por eso quieren firmar antes de las elecciones de 2014 para irse por varios años a hacer esas transformaciones allí donde se concentra el conflicto. El peligro es que tras la firma del acuerdo y una vez desmontada la guerra no se implemente la tercera fase. Por ello es tan importante el apoyo social y la participación de la comunidad internacional; los países garantes deberán decir en tal caso `oigan, estos señores dejaron las armas y ustedes pactaron estos compromisos de cambio'.

¿Cómo se puede lograr la implicación de los terratenientes en esa nueva configuración?

Ellos son quienes están presentando una mayor oposición al proceso y a las reformas del Gobierno. Hay una fuerza en el campo que se resiste a los cambios. ¿Es suficiente un proceso de paz para convencerlos? Esa es la incógnita. Pero la política es una correlación de fuerzas. Si los demás sectores de la sociedad tienen voluntad, pueden lograr mediante mecanismos de persuasión pero también de presión que accedan a la redistribución de tierras.

¿Cómo definiría a la sociedad colombiana?

En general, es una sociedad de derechas. Y la izquierda debe ser consciente de que no solo los ricos son de derechas, también los son los pobres más pobres, que, recordemos, apoyaron a Alvaro Uribe porque que creían en él. Uno de los retos de la izquierda es hacer una política moderna y tratar de convencer a esos pobres que, en gran medida, son de derechas por las divisiones internas de la izquierda y por su incapacidad de disputar el poder. Es cierto que una vez que termine la guerra, el panorama político cambiará porque cuando la seguridad es el tema fundamental de un país, la derecha tiene más posibilidades. En América Latina, donde no hay guerras ni la seguridad es el tema central, la izquierda ha ascendido porque se privilegia lo social y, en ese terreno, la ciudadanía cree más a la izquierda.

¿Cabe el riesgo de que se repita el genocidio de la Unión Patriótica (UP), que acabó con la vida de unos 5.000 militantes?

No debemos descartar esa posibilidad porque hay fuerzas de ultraderecha que no quieren las negociaciones y siempre tratan de torpedearlas. Pero hoy en día no tienen todas las condiciones a su favor. Hay una comunidad internacional más crítica, una sociedad civil más activa y quienes cometieron esos crímenes están siendo juzgados en Colombia. Ya no hay en los paramilitares, ni en los generales ni en los políticos la idea de que pueden matar sin que les pase nada. Por otro lado, si las guerrillas se desarman y desmovilizan, es más difícil justificar tales estructuras ilegales. La garantía más importante para que no vuelva a ocurrir lo de la UP es que haya una parte de la élite que pida poner fin a la combinación de violencia y política. Percibo una confianza en las FARC de que ese sector de la élite que comanda Santos ya ha adoptado esa posición y está tratando de tomar distancia del expresidente Alvaro Uribe.

¿Cuál es el peso real de Uribe para condicionar este proceso?

Su poder político es muy grande. Goza del respaldo del 60% de la opinión pública y tiene importantes nexos con el mundo campesino, especialmente, con los ganaderos y bananeros, y con parte del empresariado al que, en sus ocho años de gobierno, ayudó a enriquecerse. Cuenta con el apoyo de una fracción del Partido Conservador y del Partido de la U y está tratando de construir un nuevo partido político bajo el nombre de Puro Centro Democrático. También tiene eco en las Fuerzas Armadas. Él se está jugando la vida y la historia. Ganó las elecciones de 2002 diciendo que, en caso de ser presidente, al día siguiente entraría en el Caguán para romper el proceso de paz emprendido por Andrés Pastrana, cuyo fracaso generó una gran decepción en la sociedad. Ahora está repitiendo ese mismo rol diciendo que lo único que se merecen las guerrillas es la rendición, la desmovilización y la cárcel. El presidente, por contra, ha reconocido la existencia de un conflicto y ha otorgado estatus político a las FARC al sentarlas en una mesa. Santos sabe que o es él o es Uribe. Si el proceso triunfa, pasará a la historia y la derrota de Uribe será impresionante. En caso contrario, es muy factible el retorno de Uribe al poder.