El PNV mantiene que sus responsables institucionales, ya sea en el Ejecutivo de Lakua, Diputación vizcaina y Consistorio de Karrantza, actuaron acorde a la legalidad al otorgar 13 millones de euros de dinero público para acometer la construcción de una planta de tratamiento de purines en el barrio de Las Torcachas. Es la principal conclusión que se pudo obtener tras escuchar ayer a la portavoz jeltzale en la comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales, María Presa, quien defendió a sus compañeros de partido en este asunto y arremetió contra la gestión del PSE al frente del Gobierno autonómico y la labor de oposición ejercida por Bildu.

Presa acusó al Ejecutivo de Patxi López de «dejar morir» el proyecto, al cerrar el grifo en setiembre de 2010 a las ayudas que habían acordado conceder los anteriores responsables autonómicos para financiar la planta. Lo cierto es que, por aquel entonces, las obras de construcción de la infraestructura que pretendía tratar los 373.560 metros cúbicos de residuos de una cabaña vacuna que solo en los que respecta a leche ronda las 10.000 cabezas, estaban ejecutadas al 30% y el presupuesto se había disparado de los 12,2 millones de euros de 2006 a los 25,8 en cuatro años.

La apoderada jeltzale acusó a Lakua de «no cumplir con los compromisos» y, a partir de ahí, fue cuando comenzaron ha destaparse varias irregularidades que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a instancia de la Cámara vizcaina y Parlamento de Gasteiz, analizó y ha dado lugar a un informe de fiscalización en el que concluye que el control por parte de las administraciones no fue «suficiente». El PNV, al igual que ya hizo la propia Diputación en sus alegaciones, pone en cuestión el informe y ayer Presa dijo que no se ha detectado «ningún ilícito penal» y respecto a las acusaciones de «falta de control», respondió que es «discutible».

Las duras descalificaciones de la jelkide fueron la respuesta desabrida a las acusaciones lanzadas por Bildu dentro y fuera de la Cámara foral. El juntero soberanista Aitor Torre exigió responsabilidades por la «falta de control» que el propio TVCP constata. «Nos hemos acostumbrado a que la mala gestión salga gratis», lamentó, antes de exigir a la Diputación que se persone o promueva una causa penal en los juzgados contra los responsables del fiasco, entre los que citó al exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Lakua, Martín Askasibar, encargado de controlar las ayudas que otorgaba a la sociedad de que la era consejero, Karrantzako Minda, y a su presidente, el edil jeltzale Ignacio Muro.

María Presa criticó que la consejera Pilar Unzalu paralizase la financiación otorgada por sus antecesores y no hubiese propuesto una solución estable para los residuos que generan la ganadería de vacuno en la valle. Más tarde, la responsable foral de Agricultura, Irene Pardo, abogó por dejar atrás «soluciones coyunturales no sostenibles en el tiempo», apuntando que el nuevo Ejecutivo puede decir algo nuevo al respecto.

«Se ajustó a la legalidad»

Esta reflexión de Pardo sirvió como colofón a su comparecencia para, a petición de Bildu y PP, dar explicaciones acerca de las iniciativas emprendidas por la Diputación para reintegrarse los 2 millones de euros que concedió en concepto de subvención, en dos anualidades, las de 2008 y 2009, y que «se ajustó a la legalidad vigente». La diputada vizcaina de Agricultura informó de que en marzo -año y medio después de que se paralizasen las obras-, su departamento acordó solicitar el reintegro de la subvención «en base al incumplimiento de su objetivo».

Pardo informó de que el Servicio de Desarrollo Agrario efectuó «seguimiento de la ayuda y el cumplimiento de las condiciones del acuerdo», aunque hasta marzo de 2012 no se decidió a actuar, eso a pesar de que el TVCP ya fiscalizaba las ayudas, subvenciones y préstamos públicos por un mandato de la Cámara vizcaina y autonómica de 2011. En la actualidad, Hacienda está pendiente del proceso concursal en que se encuentra inmersa la sociedad promotora de la planta, Karrantzako Minda, en el que reclama la devolución de los 2 millones y 292.000 euros en concepto de intereses de demora.

Resultó curioso que la Diputación, al no estar de acuerdo con las conclusiones del informe del TVCP -aprobado por unanimidad de su Pleno-, diese a conocer otro trabajo, efectuado por el Tribunal de Cuentas del Estado español. «No se ha generado responsabilidad contable por alcance ni perjuicio para los fondos públicos vizcainos, y lo dice el Tribunal», reiteró Pardo.