El Tribunal Constitucional español (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Gasteiz contra la suspensión de las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación durante 2012, según publicó el BOE en su edición de ayer.

Esta medida se encuentra dentro del decreto que llevó adelante el Gobierno del Partido Popular para reducir el déficit público en las administraciones autonómicas.

Ese decreto establecía que las administraciones públicas no podrían realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación.

En la comunidad autonómica vasca, la medida afecta a los fondos de pensiones (EPSV, Entidades de Previsión Social Voluntaria) Itzarri (de trabajadores dependientes del Gobierno de Gasteiz) y Elkarkidetza (para empleados de otras instituciones y sociedades públicas).