La vicepresidenta española, Soraya Sáez de Santamaría, afirmó ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo podría dar «una nueva vuelta de tuerca» al Código de Buena Conducta aprobado a principios de año. Según este reglamento, las entidades financieras pueden recurrir a la dación en pago, es decir, cancelar la deuda por la entrega del piso, aunque únicamente de forma voluntaria, algo que raramente ocurre, tal y como denuncia la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Preguntada por el caso de José Miguel Domingo, el hombre de 53 años que se quitó la vida el jueves en Granada horas antes de ser desahuciado, Sáez de Santamaría expresó la «consternación» del Gobierno español. Con rictus serio, dijo que hechos como este «nos tienen que hacer pensar» y abogó por implicar las entidades privadas «en la solución de este tipo de problemas». Lo que no hizo la número dos de Mariano Rajoy fue concretar qué acciones podría llevar a cabo.

Aseguró que los técnicos de la administración están analizando el efecto del Código de Buenas Prácticas y que, en caso de detectar que «no ha funcionado bien y hay que dar una nueva vuelta de tuerca, la daremos». Además, añadió que «si (el código) ha sido efectivo, probablemente tendrá que serlo todavía más y, si no lo ha sido, indudablemente adoptaremos las medidas que sean necesarias para que pueda serlo más».

El suicidio de José Miguel Domingo ha vuelto a encender las alarmas. Menos de 24 horas después, otro hombre saltaba por la ventana en Burjassot (País Valencià), cuando se acercaba la comisión judicial encargada de su desahucio. De hecho, según la propia PAH, un 34% de los casos de suicidio están vinculados con personas expulsadas de sus domicilios por no poder hacer frente a la deuda con el banco.

Denuncia en Donostia

Entretanto, los casos de desahucio se multiplican día a día. El próximo 10 de noviembre, una familia de Errenteria será desalojada de su vivienda de VPO después de que Kutxabank «haya incumplido» el código de buenas prácticas, tal y como denunciaron ayer miembros de Stop Desahucios de Gipuzkoa.

La titular de la casa es una mujer en paro, Lorena, que no ha podido hacer frente al pago de la hipoteca y que, según esta asociación, cumple los requisitos establecidos en el llamado decreto De Guindos, aprobado en marzo con el fin de atenuar los problemas por desahucios.

La plataforma denunció que Kutxabank «omitió a la afectada la información de la posibilidad de acogerse a estas medidas y está llevando la ejecución hipotecaria hasta sus últimas consecuencias». Añadió que la entidad «sustraía de la cuenta de Lorena los 426 euros que cobra al mes».

En el mismo acto, la afectada entregó una carta en la entidad para tratar de evitar el desahucio, escrito que fue previamente presentado en el Juzgado.

En Madrid, miembros de la PAH se encerraron durante varias horas en la sede de Bankia de la calle Alcalá, junto a la puerta del Sol. Tras varios momentos de tensión lograron dos compromisos: la paralización de la ejecución hipotecaria de una de las integrantes del grupo, que estaba prevista para el lunes, y el compromiso de celebrar una reunión con la entidad para tratar los casos pendientes.