En los últimos meses está creciendo el enfado entre los poseedores de las aportaciones financieras subordinadas (AFS) de Eroski y Fagor. Así, se están dando ya los primeros pasos para llevar demandas antes los tribunales por la comercialización, al menos irregular, de estos productos financieros. Y es que, al igual que sucede con las participaciones preferentes, muchos de los tenedores de estos títulos de ambas cooperativas dicen sentirse engañados por los bancos y cajas que se los vendieron.

Durante el mes de octubre, distintos afectados residentes en Euskal Herria, así como las asociaciones de consumidores y usuarios de bancos, han comenzado a estudiar las alternativas mejores para presentar sus demandas ante los juzgados por la dificultad de llegar a acuerdos extrajudiciales. Asimismo, un grupo de afectados ha constituido una plataforma en Gasteiz.

Los argumentos para la reclamación del dinero son idénticos a los esgrimidos en el caso de las preferentes. Según sus afirmaciones, les vendieron este producto como un depósito seguro y de disponibilidad inmediata. Siempre, dicen, se les ocultó el término «perpetuidad». Del mismo modo, alegan que se les informó de que había un mercado de renta fija, AIAF, donde poder venderlos, pero que no se les expresó con claridad las dificultades para encontrar liquidez, ni los riesgos de perder gran parte del dinero.

En este contexto, y también de forma similar al razonamiento ofrecido por los tenedores de preferentes, concluyen su denuncia en que han sido objeto de engaño directo al no informales del elevado riesgo que asumían o de haber contratado productos inadecuados para el perfil del inversor.

La perpetuidad como losa

Eroski y Fagor emitieron aportaciones financieras en el periodo 2002-2007 con el objeto de fortalecer su capital social. Por tanto, estos productos se comportan como parte de ese capital por ser considerados financiación subordinada.

En la práctica supone que se colocan a efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes. Esta situación solo se produciría en el caso de la liquidación de la cooperativa.

Además, como bien se expresa en los folletos de las emisiones aprobados por la CNMV, estos títulos son a perpetuidad, una verdadera losa para los ahorradores modestos, y solo las cooperativas tienen la potestad de amortizarlos a partir de cinco años. La semejanza con las preferentes es hasta aquí evidente.

No obstante, este producto tiene una diferencia esencial: el cobro de los intereses anuales no está sujeto a la obtención de beneficios distribuibles. Por tanto, el que mantenga sus títulos recibirá el cupón todos los años, siempre y cuando, claro está, no quiebre la cooperativa.

También se debe señalar que, como ha sucedido con las preferentes, algunos ahorradores han salido ganando mediante la gestión activa de su inversión al vender las aportaciones en el mercado de renta fija a su valor nominal e incluso por encima. Como ejemplo, hasta febrero de 2011, el precio negociado para las emisiones de Eroski se mantuvo en el entorno del 100%.

Solución difícil

El escenario, sin embargo, es diferente ahora para los que no han vendido sus títulos. Las soluciones encontradas para las preferentes de bancos han representado, en algunos casos, un buen negocio. Algunos titulares han logrado retener los intereses logrados durante años y obtener plusvalías adicionales gracias a los intercambios ofrecidos por los bancos emisores. Otros muchos van a perder su dinero durante el proceso de recapitalización bancaria, en el que se está imponiendo la decisión de hacerles partícipes del saneamiento de las entidades salvadas con fondos públicos.

Sin embargo, esta solución de cambio de productos no podría habilitarse en el caso de las cooperativas, ya que no pueden emitir acciones. Por tanto, la vía del canje de títulos, bien de forma directa o con el paso intermedio de bonos convertibles en acciones, no es posible.

Por tanto, sólo quedaría en pie la posibilidad de su amortización, una salida difícil de imaginar en el actual contexto de crisis en el que los costes de financiación son muy elevados y las presiones de los acreedores de las cooperativas lo harían imposible.

El otro camino, al igual que en el caso de las preferentes, lleva a los juzgados. En este terreno, los ahorradores deberán ser capaces de demostrar que fueron objeto de engaño por parte de las entidades comercializadoras o que les encajaron un producto financiero no acorde a su perfil.