El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, firmó ayer la derogación de la llamada Ley 72 que permitía la privatización de los terrenos de la Zona Libre de Colón, cuyo rechazo originó una ola de protestas que en las últimas dos semanas ha causado tres muertos -uno de ellos un niño de diez años- y pérdidas millonarias.

Los diputados oficialistas y de la oposición aprobaron ayer en el tercer y último debate, con 59 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, derogar la polémica ley que había sido sancionada por Martinelli el pasado día 19.

El presidente del Parlamento, Sergio Gálvez, declaró ayer que aunque sigue considerando que la ley derogada es buena, «ya se enmendó el error», en referencia a los violentos disturbios que provocó su aprobación, criticada por numerosos sectores políticos, sindicales y civiles.

El pleno del Parlamento también aprobó la creación de una comisión de investigación que se encargará de indagar las circunstancias de la muerte en las tres víctimas de las manifestaciones contra la Ley 72 en Colón, establecer una indemnización a sus familiares y atender las denuncias de abuso policial durante las protestas.

Anteriormente, el miércoles, el presidente panameño había ofrecido anular solo el artículo de la ley que permitía la venta de esos terrenos estatales, algo que fue rechazado por los gremios comerciales y sindicales que promovieron las protestas.

Las ciudades de Panamá y Colón recobraban la normalidad en las calles tras las violentas protestas, que derivaron en saqueos y robos a comercios, enfrentamientos a tiros entre civiles y la Policía y daños a la propiedad pública y privada.

30.000 empleos directos

La Zona Libre de Colón se creó en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá. Desde entonces, miles de compañías de todo el mundo tienen ahí una base de operaciones.

Con más de 250.000 visitantes al año y 1.751 empresas, considerada la más importante del mundo después de Hong Kong, alberga más de 3.000 empresas, genera 30.000 empleos directos y aportes al fisco de 100 millones de dólares anuales.