El gobierno municipal de Gasteiz, en manos del PP, eliminará el requisito de empadronamiento para acceder al comedor social de Desamparadas. Además, la edil delegada de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, negó que se esté solicitando un contrato de alquiler a las personas usuarias del citado comedor y pidió que, de ser así, se le hagan llegar las denuncias pertinentes para poder investigarlo.

Estas palabras fueron el punto final a un debate social iniciado hace seis meses, cuando los integrantes de la Plataforma Círculos del Silencio denunciaron las medidas «restrictivas» impuestas por el gabinete de Javier Maroto en el Comedor Social de Desamparadas. Unas medidas que se suman al requisito de estar empadronado durante un mínimo de seis meses y entre las que figura la necesidad de presentar el contrato de alquiler para poder comer.

Ayer las formaciones políticas que conforman la oposición en el Consistorio gasteiztarra -Bildu, PNV y PSE- criticaron la situación y defendieron en el pleno una moción conjunta en la que se exigía la eliminación del requisito de empadronamiento; la supresión, si existiese, de la presentación de un contrato de alquiler; y la ejecución en el presente ejercicio de la partida presupuestaria destinada al comedor, dotada con 1,4 millones de euros.

Tras un largo debate, en el que Nerea Melgosa (PNV) llegó a decir que Maroto pasará a la historia de Gasteiz por ser el «alcalde del hambre», Ainhoa Domaica anunció que su formación aceptaba las peticiones recogidas en la moción. Al mismo tiempo, defendió su gestión al frente del Departamento de Asuntos Sociales y rechazó las acusaciones.

Así, en el último momento, los concejales que integran el grupo municipal del PP decidieron votar a favor de la moción que había sido suscrita por Kike Fernández de Pinedo (Bildu), Gorka Urtaran (PNV) y Patxi Lazcoz (PSE), que también hubiera sido aprobada sin el apoyo de los ediles conservadores.

Este cambio de actitud fue bien recibido por los integrantes de la Plataforma Círculos de Silencio, que se personaron en la casa consistorial para defender ante los corporativos el derecho a la alimentación de todas las personas.

Obligación sin condiciones

En este sentido, la portavoz de la plataforma, Rosabel Argote, recordó que este es un derecho humano fundamental y que, según los tratados internacionales ratificados por el Gobierno español, tanto el Ejecutivo de Madrid como el Ayuntamiento de Gasteiz tienen la obligación de cubrirlo «sin imponer condiciones», como pueden ser el empadronamiento o un contrato de alquiler.

En cuanto a la votación, Argote destacó que desde Círculos de Silencio valoran de manera positiva la aprobación de una moción destinada a eliminar barreras en los servicios sociales.