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Amaiur reclama impulsar el reparto de la riqueza a través de un salario mínimo de 1.075 euros y una reforma fiscal

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GARA | IRUÑEA

Sabino Cuadra y Maite Aristegi, diputados en el Congreso español, presentaron ayer la moción que esta semana su coalición defenderá en el Congreso para el reparto de la riqueza y que incluye, entre otras medidas, un salario mínimo interprofesional de 1.075 euros mensuales y una reforma fiscal dirigida a que «las grandes rentas y beneficios vean agravadas sus aportaciones y aliviadas las de los ingresos más bajos».

Tras denunciar los años en los que se apostó «por una economía especulativa» y los beneficios del «supuesto desarrollo», que fueron «repartidos de forma sumamente desigual», Amaiur sostiene que con el Gobierno del PP «las desigualdades y la pobreza no han hecho sino seguir aumentando» hasta incrementar en 2,7 puntos la desigualdad social, la diferencia entre las rentas de los más ricos y de los más pobres, «mucho más que en ningún otro estado europeo».

«El desempleo creciente, las desigualdades sociales y la pobreza se extienden por la sociedad», dijo Sabino Cuadra, quien subrayó la necesidad de impulsar una política que tienda «de forma decidida» a «redistribuir la riqueza existente» para que toda la ciudadanía tenga «sus necesidades básicas suficiente y dignamente cubiertas».

Para ello, Amaiur defenderá en el Congreso que el salario mínimo interprofesional suba a 1.075 euros al mes y que en esta legislatura se implante una «prestación social» para todas las personas que carezcan de ingresos.

La coalición aboga además por una política fiscal que pasa por anular la amnistía aprobada por el Gobierno del PP, por destinar más medios para combatir la evasión de capitales y las operaciones realizadas en paraísos fiscales, y por derogar el régimen de las sociedad de inversión de capital variable (SICAV).

Pide además una modificación del IRPF y el Impuesto de Sociedades «a fin de aumentar sustancialmente la progresividad» de ambos impuestos, que se anule la última subida del IVA aprobado en verano y que se implante un impuesto sobre las grandes fortunas «que supere en progresividad y efectividad al anterior Impuesto del Patrimonio».

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