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Santi Txintxurreta Uriarte Técnico de Promoción y Competitividad

Nos quitan el trabajo y algo más

Se podría dar el caso de que, en un futuro no muy lejano, las personas que han realizado «nuestro trabajo» fueran las encargadas de auditar «su propio trabajo»

A través de este escrito quiero denunciar la política desarrollada hacia el personal y la gestión de los recursos económicos por parte de los responsables de la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias (DIIA) dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, donde trabajo desde hace varios años. El hecho detonante ha sido la contratación por parte de nuestra Dirección de dos personas de una empresa externa para realizar trabajos de apoyo en la gestión de expedientes de subvención a la Industria Alimentaria. Este hecho, que en sí mismo pueda no tener entidad suficiente para una denuncia pública, representa, sin embargo, el paradigma de unas formas de actuar que, desde mi punto de vista, resultan inaceptables y perversas y que se han ido estableciendo en la DIIA durante años pero que últimamente se han acentuado y cronificado:

-La contratación de empresas y consultorías externas para realizar trabajos que, o bien se hacían con personal propio (último caso: las labores de Promoción de la Industria Alimentaria que han sido desarrolladas durante años de forma impecable con personal propio y que ahora se hacen fuera de nuestra Dirección) o bien podrían ser parte de nuestras funciones pues están en las monografías de nuestros puestos de trabajo.

Así las cosas, a día de hoy, prácticamente la totalidad del personal de la DIIA nos dedicamos únicamente a la gestión de expedientes de subvención en sus diversas modalidades. La labor de análisis, planificación, ordenación, potenciación, protección y promoción de la Industria Alimentaria, suponemos que se hace, pero nos es totalmente ajena y desconocida.

-Una falta total de organización, coordinación, planificación y comunicación dentro de nuestra Dirección a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo.

El caso que nos ocupa es una cruda evidencia: se acerca la fecha límite para hacer efectivo el pago de unas subvenciones y alguien se da cuenta que es imposible para el personal asignado el poder realizarlo para la fecha establecida con el consiguiente perjuicio económico para las industrias afectadas. ¿La solución? Contratar a personal exterior con un coste económico extra y una calidad dudosa.

Además de la falta de previsión y organización que denota, esta actuación supone una usurpación de nuestras funciones, ya que este trabajo lo podríamos haber asumido otros compañeros y compañeras.

Se da la circunstancia de que la empresa que ha sido contratada para realizar este trabajo de gestión de expedientes es la misma que suele ser contratada para auditar «la buena gestión» de estas subvenciones. Se podría dar el caso de que, en un futuro no muy lejano, las personas que han realizando «nuestro trabajo» fueran las encargadas de auditar «su propio trabajo».

Se da la circunstancia de que en los últimos años (al inicio de las dos últimas legislaturas) se ha puesto en marcha dos veces un plan para optimizar y mejorar la calidad del trabajo y del servicio de la DIIA. Las dos veces se ha contratado a la misma empresa, nos han realizado similares entrevistas para diagnosticar la situación y el resultado ha sido el mismo en los dos casos: ninguno. No sabemos si la empresa ha cobrado dos veces.

Puede resultar demagógico el insistir en la desorganización que rige nuestro trabajo sin aportar ningún dato más que lo corrobore; sería inabordable en este espacio pero es una realidad diaria insoportable y, en mi opinión, inasumible socialmente.

No quiero eludir mi parte de responsabilidad al haber ido acomodándome día a día, año a año, a este progresivo deterioro sin haber acertado en el planteamiento de soluciones. Esta denuncia es un intento en ese sentido de cara al futuro.

Considero que está en juego, además de la calidad del servicio publico y de la gestión de los recursos, nuestra dignidad (la mía al menos) como trabajadores públicos ya suficientemente desprestigiada socialmente.

Percibo que incluso puede estar en juego nuestro salario. En estas circunstancias, ¿cómo podemos rebatir el argumento de que somos prescindibles?

Quisiera recordar las palabras de nuestra consejera en el acto de presentación de la corporación HAZI el 1 de febrero pasado cuando, además de mostrar su satisfacción por haber cumplido «su compromiso de reordenar el conjunto de empresas relacionadas con el Departamento», reconocía «contar con un capital humano muy cualificado que hay que aprovechar»; entonces quise sentirme aludido.

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