La Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Iñaki Goioaga, al preso Gorka García Sertutxa y a la expareja de este, Ana Paz, acusados de idear la fuga del prisionero y contra quienes la Fiscalía había pedido condenas de 16, 6 y 8 años de cárcel, respectivamente. En la vista oral, celebrada en setiembre, los tres negaron las acusaciones que pesaban sobre ellos y relataron el maltrato sufrido durante la detención, mientras permanecían incomunicados en manos de la Guardia Civil. El tribunal especial ha decretado ahora su libre absolución, lo que es una buena noticia. Sin embargo, el fallo no repara, en absoluto, el daño causado, sino que pone más en evidencia la injusticia cometida. Una tropelía que tenía además claras intenciones políticas.

A raíz de su detención, Goioaga, que permaneció año y medio encarcelado, fue objeto de una dura campaña por parte de determinados medios de comunicación y de portavoces políticos, que no solo dieron pábulo a las acusaciones vertidas en su contra, sino que difundieron todo tipo de insidias al objeto de desacreditar su trabajo. Una ofensiva que, en cualquier caso, no le ha afectado solo a él sino que ha tenido como objetivo a varios de sus compañeros y compañeras, cuya actividad ha sido igualmente criminalizada. Así, en los últimos años un buen número de abogados vascos han sido detenidos y encarcelados con acusaciones del mismo tenor. El objetivo, torpedear su trabajo.

Hace tiempo que los estados español y francés tienen en su punto de mira a los profesionales que ejercen la defensa de las presas y presos políticos vascos, igual que a las personas y organismos que se solidarizan con ellos. Desearían que sus demandas no tuvieran eco en las calles o que se sintieran inermes ante los aparatos represivos. Y, en su impotencia, conscientes del sentir mayoritario de la sociedad vasca, han detenido, encarcelado e ilegalizado, han causado un daño que no hay absolución que repare. Solo queda exigir que cese de una vez esa estrategia de acoso y persecución.