El Gobierno español quitará a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.

Así lo adelantó en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal.

El anuncio fue la respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que explicó que «no tiene sentido» que partidos y sindicatos tengan actualmente «ese privilegio», y deben ser tratados en el Código Penal «exactamente igual» que el resto de personas jurídicas.

De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones constitutivas de delito.

Por otra parte, el ministro rechazó la petición de Díez de retirar a impedir a personas imputadas estar en listas electorales y retirarles de los cargos que ocupen, si bien se mostró dispuesto a estudiar, también en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un mecanismo «ulterior» para establecer esa prohibición.

Una opción sería, dijo, la apertura de juicio oral, que supondría que «ya hay un indicio racional de criminalidad» y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.